MEP valora llevar a directora a Fiscalía por colegio para reos de Pérez Zeledón
Se le achaca la supuesta creación de un "satélite" de Centro Integrado para Adultos "informal e ilegalmente".
El Ministerio de Educación Pública (MEP) valora denunciar ante la Fiscalía a la directora que abrió de manera "informal e ilegalmente" un satélite del Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) para los privados de libertad de Pérez Zeledón.
Así lo dio a conocer el viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, José Leonardo Sánchez, en conversación con Teletica.com, luego de que este medio revelara que la Sala Constitucional condenó a la cartera por el "cierre" de un satélite del establecimiento educativo.
"Una vez identificada la irregularidad por parte de la Dirección Regional, la Supervisión y demás, nos elevaron a nosotros todas las pruebas, la documentación... porque había que documentar todo, tener un expediente. Y eso ya se elevó este a la Auditoría. La Auditoría, dependiendo de la gravedad del asunto, decide si lo pasa a Disciplinario para las diferentes acciones o incluso si eleva paralelamente al Ministerio Público", mencionó el jerarca en la entrevista.
"Ya nosotros presentamos a la Auditoría toda la denuncia con el respectivo respaldo, la documentación. La Auditoría ahí decide si lo eleva. Incluso nosotros estamos valorando si lo elevamos nosotros mismos, ya que la Auditoría si quiere lo eleva después, también a otras instancias como el Ministerio Público", agregó.
A la directora, cuya identidad fue reservada, se le achaca aparentemente haber creado un satélite del Centro Integrado de Adultos para las poblaciones del Centro de Atención Institucional (CAI) Bastida de Paz y de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Presberi, aun cuando esos reclusos ya podían matricularse en la modalidad de educación abierta.
Ello se dio -en apariencia- "de forma unilateral", según Sánchez, por cuanto la servidora nunca contó con los avales internos ni las evaluaciones necesarias (sobre demanda e infraestructura).
Lo anterior implicó que reos accedieran a dos modelos distintos: 562 en educación abierta (en la que estudian a distancia) y 239 en el satélite del Centro Integrado (donde reciben clases en sitio).
No obstante, el 28 de julio pasado, la funcionaria ahora cuestionada comunicó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) que el satélite en cuestión quedó "sin efecto, por motivo que no se cuenta con la autorización oficial".
La servidora adujo que su oficina "había malinterpretado la circular DM-007-02-2011". Tal situación fue catalogada como un "error administrativo" en el informe que el director regional de Educación de Pérez Zeledón, Rodolfo Hernández, rindió al Alto Tribunal al cursar los recursos de amparo 23-019072-0007-CO, 23-018490-0007-CO y 23-018270-0007-CO.
Esos recursos fueron declarados con lugar, luego de que los magistrados verificaran un quebrantamiento de las garantías de los reclusos, con motivo de la suspensión de un servicio de enseñanza que estos recibían.
Las sentencias establece que la ministra del ramo, Katharina Müller, deberá girar las instrucciones necesarias para en un plazo no mayor a 15 días resuelva en forma definitiva la apertura de un satélite del colegio para el Centro de Atención Institucional (CAI) Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Presberi. La segunda establece plazos distintos, pero para un caso concreto.
"En caso de no seleccionar esa modalidad, deberá implementar alguna que garantice adecuadamente el derecho a la educación y no implique un obstáculo para que los privados de libertad puedan obtener descuentos o beneficios penitenciarios", se extrae del primer fallo.
A la jerarca se le advierte que, de no acatar la resolución, incurrirá en desobediencia y, en tal sentido, se expone a entre 3 meses y 2 años de prisión, o entre 20 y 60 días multa, según lo estipulado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por unanimidad, los magistrados además condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la declaratoria. Pero esa parte debe ahora liquidarse en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
