Ley de Empleo Público "es combustible para la agitación social", dice Albino Vargas
El secretario general de la ANEP presentó esta mañana una nueva acción de inconstitucionalidad contra la reforma, la cual entrará a regir el próximo 10 de marzo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) presentó este viernes una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Marco de Empleo Público, cuyo reglamento ya está en consulta y entrará a regir el próximo 10 de marzo.
El secretario general de ese sindicato, Albino Vargas, explicó que esta nueva acción es el resultado de “un análisis muy profundo, responsable y serio” que parte de las supuestas violaciones que incluye la ley en contra de la Constitución Política y de la normativa internacional en materia de derechos humanos a la que está suscrita Costa Rica.
“Son 156 páginas que abarcan más o menos el 80% del articulado de la ley”, aseveró Vargas.
El sindicalista aseguró que, tal y como está redactada, la cuestionada ley es “combustible para la agitación social”, esto en medio de la manifestación pacífica que él y su sindicato hicieron en las afueras de la Sala Constitucional.
“Nosotros queremos que la prudencia impere en este alto tribunal, que admita la acción y suspenda la entrada en vigencia, porque creemos que esta ley, así como quedó, es combustible para la agitación social del país”, dijo.
La reforma, aprobada por el pasado Congreso, establece, entre otros aspectos, la creación de un salario único o global que defiende un mismo pago para los mismos puestos, de manera que, por ejemplo, un guarda de seguridad gane lo mismo sin importar la institución para la que labore, como sucede ahora.
Para ese fin, crea una serie de familias salariales que abarcan toda la institucionalidad.
Además, cambia la forma en que se evalúa el desempeño, el marco sancionatorio, los procesos de reclutamiento y las competencias de cada institución, sujetas ahora a la rectoría del Ministerio de Planificación.
“Es una ley diseñada para despedir gente, para despidos masivos en servicios públicos, que congela salarios o por al menos cinco años y que vulnera todo lo que ha sido el derecho colectivo en la institución pública”, insistió Vargas.
