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El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud presentaron un recurso de habeas corpus a favor de los privados de libertad, debido a una orden judicial que le impide al sistema penitenciario utilizar los espacios de aislamiento COVID-19 para nuevos ingresos.

La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, confirmó que el recurso es contra la orden judicial más reciente, recibida la semana anterior en  el centro Reinaldo Villalobos, ubicado en San Rafael de Alajuela.  

“Son días muy complejos. Cuando llega la pandemia, buscamos espacios de aislamiento porque no podemos pasar a la gente que viene de calle a donde está toda la población por un riesgo de contagio. Sobre estos espacios que hemos ido identificando, hemos enfrentado una serie de prohibiciones judiciales que nos impide recibir más personas”, explicó Salazar.

10 de los 11 centros penitenciaros que pueden recibir privados de libertad tienen órdenes judiciales de cierre por sobrepoblación, lo que les impide el ingreso de nuevos reos y colapsa el sistema.

Actualmente, el único centro que no está cerrado es el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez (La Reforma) en Alajuela.

“Tenemos lista de espera para ubicar a las personas, ayer (lunes) teníamos 116 solicitudes de ingreso procedentes de celdas judiciales y solo pudimos recibir a nueve personas. Se ha visto, además, un incremento de personas que solicitan ingreso porque antes de la pandemia se recibían 19 solicitudes al día, pero hoy tenemos, en promedio, unas 82 solicitudes al día”, comentó la ministra Fiorella Salazar.

Cuando un privado de libertad ingresa a una cárcel debe realizar un aislamiento preventivo por COVID-19 durante 14 días para evitar contagios.

El Ministerio de Justicia adaptó dormitorios de visita íntima, aulas, talleres y gimnasios para este fin, pero muchos de esos espacios no pueden ser utilizados por órdenes judiciales que lo impiden.

“No podemos usar los espacios de aislamiento y Justicia se queda sin opciones. Nos prohíben usar los gimnasios donde podemos albergar a 100 personas y hasta nos obligan a sacarlos de ahí. Con el recurso presentado, queremos dejar sin efecto lo que se ordenó y, si nos lo aceptan, podríamos evaluar el presentar más recursos para otros centros penitenciarios”, comentó Salazar.

Justicia tiene un 120% de población en los centros penitenciarios.

Desde que inició la pandemia, han tenido unos 6.000 ingresos al sistema penitenciario y, en este mismo periodo, han salido unas 2.500 personas.

Las órdenes judiciales emitidas restringen el ingreso, traslado y movimientos de la población privada de libertad a los espacios que han sido destinados al aislamiento de las personas que provienen de celdas judiciales.

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