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El Ministerio de Justicia y Paz envió un recurso de reconsideración al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, luego de que este ordenara reubicar a 100 reos provenientes de celdas judiciales y que ingresaron, la semana anterior, a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos.

Los privados de libertad están en aislamiento preventivo por COVID-19 en el gimnasio de la UAI, que se ubica en San Rafael de Alajuela.

Según la ministra Fiorella Salazar, este espacio se acordó para reducir la "presa" de privados de libertad que aguardan su ingreso a centros penitenciarios, pero no constituye un ingreso definitivo de esas personas a la UAI, puesto que este centro es solamente para personas sentenciadas.

“Estamos en una situación complicada: por un lado, la Sala (Constitucional) nos pide recibir a la gente de celdas en menos de 48 horas, pero cuando los recibimos, los juzgados nos piden que reversemos esos ingresos y nos prohíben usar la infraestructura con la que contamos para atender la necesidad. Esto nos deja en medio de una contradicción de las órdenes que recibimos”, dijo Salazar.

“Si no nos permiten usar la infraestructura con la que contamos, no vemos cómo podríamos recibir a las personas que tienen solicitud de ingreso”, agregó la jerarca.

Justicia, en el recurso de reconsideración dirigido al Juzgado de Ejecución de la Pena alega lo siguiente:

“La resolución administrativa 0002-2021 declaró al gimnasio de la UAI como un espacio del nivel institucional adscrito al Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría para albergar a 97 privados de libertad en condición de indiciados, de forma temporal (14 días), para cumplir el aislamiento preventivo que hemos establecido como lineamiento para no generar eventuales contagios de coronavirus y evitar con ello una tragedia masiva, que sería el resultado final de no tomarse estas medidas”.

Salazar, a la vez, indica ser respetuosa de las decisiones judiciales, pero advierte que “existe una realidad material y sanitaria en medio de la emergencia nacional que el ministerio debe gestionar para cumplir con su obligación de recibir a las personas provenientes de celdas judiciales”.

El Ministerio de Justicia confirmó que, actualmente, de los nueve centros penitenciarios que pueden recibir población masculina adulta indiciada, que es la que mayoritariamente espera en celdas judiciales para ingresar, ocho tienen orden de cierre judicial y en seis existen órdenes sanitarias por casos activos de COVID-19.

“Realizamos todos los esfuerzos posibles para cumplir con la obligación de recibir y ubicar adecuadamente a las personas que ingresan, tanto indiciadas como sentenciadas. Gracias a ello, los ingresos no se han detenido, pero sí ha disminuido la velocidad con que pueden ingresar, justamente por la necesidad de cumplir con los 14 días de aislamiento”, concluyó la ministra Salazar.

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