​Juicio contra rector de UCR vuelve a cambiar de fecha, ahora por choque de agendas

El juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, ya no se celebrará el próximo 9 de julio, como se informó el viernes pasado.

Debido a un choque de agenda, el debate tuvo que reprogramarse para el 6 y 7 de abril de 2027, confirmó el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ante una consulta de Teletica.com. Es decir, el contradictorio volvió a las fechas en las que fue originalmente señalado.

El cambio en el señalamiento fue solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR), que simultáneamente atiende el juicio del escándalo mediáticamente conocido como "Gallo Tapado", explicó el despacho.

"Es muy lamentable porque nosotros desde la defensa siempre hemos dicho que éramos los más interesados en que este proceso avanzara, pero también entendemos que esas son las reglas en el caso de choque de señalamientos, que tiene que prevalecer siempre el caso que tiene privado de libertad, o el caso que haya sido señalado primero, y entonces en esas circunstancias entendemos que el tribunal no puede hacer otra cosa más que variar el debate.

"Es una lástima, porque, como siempre hemos insistido, consideramos que los hechos acusados son totalmente atípicos, que aquí no hay débito alguno, y por eso es que queríamos más bien poder avanzar y realizar este juicio", indicó a este medio el defensor del académico, Gerardo Huertas.

Al rector se le acusa de un aparente incumplimiento de deberes, por presuntamente no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.

El académico supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara.

Dicha situación ocurrió el 1.° de abril de 2025 en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).

Tanto Araya como Huertas sostienen que, tan solo un día antes, se trasladó la competencia de esa estructura interna de la institución educativa a otra instancia, por lo que la inhibición no procedía.

El académico se expone a entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, como lo establece el artículo 339 del Código Penal.

Además, contra Araya, la Procuraduría presentó una querella —acusación privada— y una acción civil resarcitoria —demanda—. Por esta última, al funcionario se le reclama ₡1 millón por daño social.