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La jueza de ejecución de la pena, Mayra Acevedo, defendió este viernes la decisión de ordenar al Ministerio de Justicia guardar silencio sobre temas relacionados al Centro de Atención Institucional San José, conocido como cárcel de San Sebastián.

En una aclaración firmada por ella misma, Acevedo justificó en la jurisprudencia y la independencia judicial la orden girada este jueves a la cartera.

“La medida impuesta se encuentra sustentada en jurisprudencia relacionada con el ejercicio del principio de independencia judicial y de juez natural.

“En ese sentido, se insiste en que dicha medida tiene como único objetivo evitar que se ejerza algún tipo de control político y mediático al momento de resolver sobre la pertinencia o no de abrir el CAI San José, toda vez que se parte de que la justicia es aplicada de forma imparcial, objetiva y libre de toda injerencia”, indica el documento.

En el mismo documento negó, además, que se trate de una “censura velada” por parte del Poder Judicial para con Justicia, en un tema que los enfrenta desde hace meses.

“Esta juzgadora es muy respetuosa de los derechos de expresión y de acceso a la información consagrados constitucionalmente, por lo que se desmiente desde cualquier frente que la intención fuera negar a la población costarricense la información que todo Estado de Derecho Democrático le debe garantizar. Igualmente, se niega que exista una censura velada a los jerarcas del Ministerio de Justicia de dar cuentas sobre su gestión”, dijo.

Acevedo añadió que la orden se giró "por un espacio temporal muy corto", precisando que es hasta que se dicte la resolución final, que se proyecta para la próxima semana y que es solo para lo relativo al CAI San José.

¿Por qué? 

La aclaración se da pocas horas después de que la propia ministra, Fiorella Salazar, aclarara en un corto video que por esa orden emitida por el Juzgado de Ejecución de San José no daría más declaraciones respecto al tema.

El pulso entre el Poder Judicial y la cartera se da especialmente por la situación en San Sebastián, donde el Gobierno ha defendido que existen 300 espacios disponibles para recibir a privados de libertad, pero el Poder Judicial se niega a trasladarlos por la orden de cierre que desde 2016 pese contra ese centro.

La disputa ya llegó hasta el presidente Carlos Alvarado, quien la semana anterior defendió que la Sala Constitucional le dio la razón al Ministerio de Justicia y dijo que entre la Sala y un juez de ejecución él le iba a hacer caso a la Sala.

Esas declaraciones llegaron un día después de que las cabezas del Poder Judicial ofrecieran una conferencia de prensa donde denunciaron la crisis que existe en las celdas judiciales, con personas que duran en ese lugar de paso hasta 40 días.