Juez: Caso "Gallo Tapado" es la mayor sustracción de dinero sufrida por una institución

La magnitud del desfalco sufrido por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el hecho de que esa entidad no ha recuperado ni un colón de los ₡3.293 millones sustraídos de sus bóvedas fueron parte de los elementos que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública valoró para imponer 330 años de cárcel al extesorero responsable del crimen.

Así lo expuso el juez Franz Paniagua la tarde de este jueves al dar una explicación del porqué él y sus compañeros —Rosaura García y Alfredo Arias— hallaron culpable a Ricardo Olivas por el robo y decidieron imponerle una pena que, en aplicación de las reglas del concurso material, debió readecuarse a 30 años de prisión.

"Adviértase que se trató de la mayor sustracción de dinero en efectivo cometida en perjuicio de una institución pública en nuestro país. También se ha tomado en cuenta que el Banco Nacional no ha logrado recuperar ni un colón de lo sustraído", explicó el decisor.

El juzgador mencionó, además, que el ahora sentenciado realizó una planeación meticulosa que incluyó el estudio de cámaras y de los protocolos de seguridad, así como manipulaciones contables que tenían como fin último ocultar sus actuaciones delictivas.

Durante el contradictorio se acreditó que el exfuncionario realizó al menos 33 sustracciones de dinero en efectivo del que le había sido encomendada su custodia en razón de su puesto. Lo hacía mediante sobres de manila, en los cuales incluía hasta 1.500 de billetes de ₡10.000 o ₡20.000.

Las sumas citadas formaban parte de los depósitos que clientes de la entidad financiera enviaban a esta mediante camiones remeseros. 

Olivas tenía el deber de administrar los fondos y velar que los montos ingresados equivalieran a los que habían sido enviados. Posteriormente, le correspondía hacer los reportes del caso en los sistemas institucionales.

Mediante más de 700 videos, explicó Paniagua, fue posible determinar el modo en el que operaba el extesorero. Si bien no fue posible captar cuándo introducía la plata en el sobre, sí se pudo concluir a través de diferentes indicios valorados con sana crítica y lógica.

Por ejemplo, se observó cómo el exfuncionario entraba a su oficina con los sobres ocultos o doblados, y los llevaba a una mesa de conteo en la que únicamente se le vio con billetes que debía contar de forma manual o con una máquina. De esa forma, el órgano jurisdiccional desestimó el planteamiento de la defensa, de que en los paquetes podía ir una agenda, un libro o hasta una lonchera.

"El imputado sabe que la sustracción del dinero es prohibida y delictiva. Por ese motivo, y con el conocimiento del sistema de circuito cerrado de televisión, en forma simultánea a la introducción de los fajos en los sobres, despliega acciones para evitar ser captado por las cámaras. Sabe que dichas cámaras están ubicadas en el interior de su oficina y en el pasillo. De este modo genera un punto ciego e interpone su cuerpo para evitar que la cámara lo capte, o algunas veces, coloca la puerta del cofre para que tape la acción ilícita a ejecutar.

"Cuando sale de su oficina, lo hace de último para no generar sospechas, por si alguien lo observa. Se le nota una actitud vigilante, mirando a los lados, e intenta disimular el paquete o sobre que porta con el dinero, colocándole objetos, por ejemplo, una botella, la pasta dental o el cepillo. Hasta que lo pasa por los sistemas de seguridad y lo guarda en su salveque, donde también algunas veces lo cubre con su suéter", indicó Paniagua.

Pero el exfuncionario también conocía las fallas en los controles por parte del guarda de seguridad e, incluso, así lo declaró durante el contradictorio.

Otro elemento clave que el Tribunal Penal de Hacienda valoró como determinante fue el testimonio de un vendedor de lotería al que Olivas constantemente le compró billetes y otros juegos de azar de la Junta de Protección Social (JPS), con fajos que tenían características idénticas a las que los clientes de la entidad financiera depositaban.

Incluso, se estima que el condenado llegaba a gastar hasta ₡500.000 diarios, cuando su salario como tesorero del Banco Nacional era de ₡600.000 mensuales.

De igual forma, se estableció que reiteradamente el exfuncionario intentó ocultar sus irregularidades mediante la simulación de arqueos, los cuales incorporó en los sistemas al entrar a la computadora de su supervisor entre mayo y setiembre de 2023.

Se determinó también que el extesorero no disfrutaba de vacaciones para evitar que su suplente tuviera acceso a su oficina, a las cuentas que le tocaban y sus cofres. Además, ponía excusas para negar el acceso a las cuentas y los cofres cuando le correspondía algún ascenso.

Otros elementos que el órgano jurisdiccional dio por acreditados fueron movimientos atípicos entre cuentas y omitieron cierres para burlar los controles contables y falsear datos.

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Es a partir de una denuncia confidencial y de un arqueo sorpresa que se logró establecer en octubre de 2023 que el dinero reportado no concordaba con el que debía haber, que eran ₡4.400 millones (finalmente, el faltante se estableció en ₡3.293 millones).

Precisamente, ese día, Olivas se mostró nervioso y evasivo; al tiempo que puso excusas para entregar sus llaves, se marchó anticipadamente y no regresó. Cuando se le buscó en su casa, además, señaló espontáneamente que el faltante "no podía ser tan alto", de lo que se denota que conocía su existencia.

Luego, al exfuncionario se le impuso una medida cautelar de impedimento para entrar a la institución y para comunicarse con compañeros. Sin embargo, la incumplió.

Primer precedente

Después de leído el por tanto de la resolución 465-2026, que a su vez condenó a Ricardo Olivas al pago de ₡4.842,9 millones al Banco Nacional y al Estado por los daños provocados, la entidad financiera se mostró satisfecha con el fallo.

Para la institución, la sentencia dictada representa un paso relevante en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de las responsabilidades correspondientes.

El Banco Nacional destacó cómo, desde el inicio de la investigación, colaboró con la entrega de información, documentación, evidencia técnica y testimonios que contribuyeron a dilucidar lo sucedido. Simultáneamente, participó de forma activa en la defensa de sus intereses y de los recursos bajo su custodia.

Para la entidad financiera, la resolución constituye un avance significativo en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas por hechos que no solo afectaron su patrimonio, sino que además produjeron un impacto reputacional por afectar la confianza pública en el banco más importante del país.

La institución subrayó que atenderá las demás etapas procesales que correspondan —en el caso de Olivas y otros que se siguen paralelamente— y respaldará las acciones orientadas a la determinación integral de responsabilidades y la recuperación de los recursos.

De igual forma, el Banco Nacional garantizó haber fortalecido sus mecanismos de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo, para prevenir situaciones similares y robustecer permanentemente sus estándares de integridad.