Por José Fernando Araya 23 de septiembre de 2026, 17:05 PM

La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) presentó una acción de inconstitucionalidad para exigir que se restablezca el ajuste automático por costo de vida a los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR). 

La organización sostiene que el congelamiento de los montos desde 2021 ha generado una pérdida significativa que afecta a más de 30.000 pensionados del magisterio nacional.

La gestión judicial cuestiona específicamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.º 7.531, denominada Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al considerar que omiten establecer un mecanismo de revalorización por costo de vida para una parte importante de las personas jubiladas.

La Sala IV confirmó que efectivamente recibió la acción de inconstitucionalidad y afirma que se encuentra en estudio de admisibilidad.

De acuerdo con la organización, esta situación ha provocado que más del 65% de los pensionados del RTR mantengan sus ingresos sin ajustes desde enero de 2021, pese al incremento sostenido del costo de vida durante los últimos años.

“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación. Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento”, afirmó Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA.

La asociación argumenta que los montos permanecen congelados debido a la aplicación de la Regla Fiscal, una vez que la deuda pública superó el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, sostienen que la propia legislación establece que las revalorizaciones por costo de vida de las pensiones no deberían verse afectadas por estas restricciones fiscales.

Por ello, la organización solicita que los magistrados ordenen al Ministerio de Hacienda aplicar de manera automática y semestral los aumentos correspondientes.

El grupo de jubilados considera que este escenario ha deteriorado la capacidad de compra de miles de personas adultas mayores, afectando su posibilidad de cubrir gastos esenciales relacionados con alimentación, salud y servicios básicos.

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