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El alcalde de San José, Johnny Araya, acusó una violación a sus derechos por las escuchas telefónicas que están saliendo a la luz en el expediente judicial del caso “Diamante”.

Araya, uno de 13 imputados en el nuevo escándalo de corrupción que golpea a la función pública, aseguró que esas escuchas fueron solicitadas bajo un criterio de crimen organizado que para él y su defensa no procede, por lo que procederán a rebatir.

“Las intervenciones telefónicas fueron ordenadas bajo un principio que va a ser rebatido en términos de que aquí se habla de crimen organizado y la verdad es que a juicio nuestro y de toda la defensa ese criterio no califica, pero en mi caso hay una circunstancia violatoria absoluta de mis derechos y es que durante el juicio que yo tuve a principios de año mi teléfono estaba intervenido.

“Eso significa que el Ministerio Público y el OIJ tenía acceso a todas las comunicaciones que yo estaba teniendo durante el juicio, con mis abogados, eventuales testigos o con otros actores de un juicio que se estaba tramitando y del que dichosamente fui absuelto”, dijo Araya en relación al proceso que se seguía en su contra por supuesto tráfico de influencias durante las elecciones municipales de 2016.

“No podemos descartar eso (que la Fiscalía estuviera recabando información para este caso) porque la verdad es que al tener yo acceso con lo que estaba hablando con mis abogados, con actores de ese caso, les daba una ventaja indebida, que fue incluso lo que se estaba acusando en ese momento”, dijo.

Su abogado, Federico Campos, fue más allá y aseguró que para él no hay duda de que esas escuchas están siendo utilizadas en el caso “Diamante”.

“Eso es gravísimo porque atenta contra el derecho de defensa, la democracia de este país y no puede ser posible que se esté dando relevancia a conversaciones relacionadas con ese juicio que más bien deberían estar siendo cuestionadas. El tema del espionaje no es una casualidad, está la UPAD, las pruebas FARO, no es una casualidad el espionaje en este país”, dijo.