Inscribir oro en reservas del BCCR o crear parque nacional entre propuestas para Crucitas

Todo depende de quién responda. Lo cierto es que cada candidato tiene en mente un destino diferente para el fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Las propuestas pasan desde inscribir el oro como parte de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), crear un parque nacional en la zona, hasta por hacer las reformas necesarias para explotar la región mediante una concesión o instituciones públicas.

Teletica.com consultó a los 20 aspirantes sus planes en caso de alcanzar la Presidencia de la República para este sector, que en los últimos años fue tomado por complejos grupos de coligalleros y que cada vez se ha vuelto más problemático.

Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, enfatizó en que él no cree en la minería a cielo abierto, por considerarlo contradictorio con el liderazgo histórico que el país tiene en materia ambiental. En su lugar, el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) considera que en Crucitas debe hacerse una minería artesanal, parecida a la de Las Juntas de Abangares. También refirió la posibilidad de convertir la región en un área de turismo ecológico o de explotación agroindustrial.

Para Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista, la explotación industrial del oro tampoco es la solución. En su lugar, cree que lo que corresponde es una concesión controlada con planes remediales del daño ambiental que ha sufrido la región a mano del crimen organizado.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, asegura que “ni la peor compañía minera del mundo” hubiera provocado un desastre como el que quedó después de que fracasara el proyecto de la administración de Óscar Arias (2006-2010). Para hacerle frente a la problemática, que convirtió a Crucitas en una “tierra de nadie”, la exministra de la Presidencia propone reforzar la presencia estatal en la zona, así como llevar adelante una evaluación técnica y científica independiente, a fin de determinar cómo se puede aprovechar responsablemente el recurso, bajo control absoluto del Estado. Las ganancias —dice— se invertirán en seguridad, educación e infraestructura.

Fernando Zamora, de Nueva Generación, dice que el oro debe explotarse y esa actividad debe financiarse a través de bonos del Banco Central. En esa misión plantea involucrar a asociaciones, cooperativas y emprendedores para el desarrollo del sector.

Por su lado, Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social, piensa que primero debe hacer una valoración del pasivo ambiental y a partir de ahí establecer las acciones concretas de recuperación. La exmagistrada no descarta la posibilidad de una explotación regulada en la que parte de lo que se produzca se invierta en pensiones, o la creación de un parque nacional de oro.

José Aguilar, de Avanza, se mostró abierto a hacer una valoración técnica y científica para aprovechar las riquezas minerales de Costa Rica y, si tecnológicamente resulta posible hacerlo de forma amigable con el ambiente, cree que debe extraerse el oro. Los recursos que se generen de esa actividad deben utilizarse para los fondos de jubilaciones y la atención de la crisis actual de seguridad.

Para Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático, lo primero es recuperar la soberanía en la zona, con mayor presencia de la Fuerza Pública y el juzgamiento de quienes hayan incurrido en delitos en Crucitas. La solución para la problemática debe ser la que resulte más favorable para Costa Rica de las que se tramitan en la Asamblea Legislativa. Eso sí, para ella, las ganancias deben utilizarse como garantía ante organismos internacionales, como cuando se sale a buscar un crédito en el extranjero.

Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana, tiene una propuesta en tres frentes: la recuperación ambiental con apoyo de cooperación internacional, la presencia estatal permanente, así como la promoción de proyectos productivos y turísticos sostenibles en el lugar. Pero el analista de políticas públicas no le cierra la puerta a la minería, aunque cree que para el desarrollo de esta actividad, primero debe actualizarse la legislación vigente, de manera que se permita la explotación subterránea formal bajo concesión, con controles ambientales rigurosos. Si los estudios así lo permiten, cree que esa también puede ser parte de la solución.

Claudio Alpízar, de Esperanza y Libertad, considera que es “inevitable” que se debe llevar a cabo una explotación de ese recurso, principalmente por el valor que este tiene actualmente en el mercado. Para ello propone que sea el Estado el que lo haga, a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); y que las ganancias se inviertan al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En el caso de Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, su planteamiento va más orientado a que el oro permanezca bajo tierra y que su superficie sea más bien protegida. Pero el recurso que estará bajo el suelo será auditado e inscrito como parte de las reservas del Banco Central, de manera que este se convierta en un activo financiero.

Boris Molina, de la Unión Costarricense Democrática, dice que es mentira que sea posible explotar el oro sin causar daño al medio ambiente. Desde su perspectiva, la salida puede ser la creación de un esquema similar al que se tiene con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), que consiste en la emisión de certificados de protección ambiental.

Mientras que Douglas Caamaño, de la Alianza Costa Rica Primero, coincide en que debe darse la explotación minera y añadió que la problemática ambiental existe, precisamente, porque la extracción se da de forma irregular y artesanal. Eso sí, para este candidato, esa actividad debe llevarse a cabo de forma “quirúrgica”, apegada a los más altos estándares.

Los recursos que vayan a generarse deberán ser utilizados para el desarrollo integral de la Zona Norte (10%), el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (2%), la amortización a la deuda con la Caja de Seguro Social (2%) y el financiamiento de un programa de cooperativas juveniles nacionales (1%).

Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense, cree que debe declararse estado de emergencia para atender la crisis en la región y enviar efectivos de la Policía a Crucitas. Paralelamente, el abogado piensa deben hacerse análisis rigurosos y técnicos, a fin de determinar si es posible hacer una explotación del oro o, por el contrario, si debe declararse una zona protegida. Si se optara por el primero de los caminos, los recursos pueden utilizarse para financiar emprendimientos para jóvenes y adultos mayores para emprendimientos, así como para pensiones.

Para este artículo también se pidieron posiciones a Laura Fernández (Pueblo Soberano), Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República), Luis Amador (Integración Nacional), Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) y David Hernández (de la Clase Trabajadora); pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.