INS denuncia ante Fiscalía contrato de ₡33.000 millones suspendido en noviembre
Según la institución, el proveedor omitió revelar que tenía una prohibición para contratar con la Administración Pública porque uno de sus representantes es esposo de una diputada.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) suspendió un contrato de tecnología por ₡33.000 millones, tan solo un mes después de haberlo adjudicado.
Se trata del trámite 2021PP-000011-0001000001, denominado “Adquisición de diseño, implementación integral, licenciamiento y soporte de una arquitectura digital basada en plataformas verticales de industria”.
El proyecto se adjudicó el 29 de setiembre anterior y adquirió firmeza el 21 de octubre; pero el INS decidió cancelarlo el 23 de noviembre.
"Aparentemente, el proveedor omitió revelar que tenía una prohibición para contratar con la Administración Pública, debido a que uno de sus representantes es esposo de una diputada de la República", informó la institución por medio de un comunicado de prensa.
Diario Extra publicó, a inicios del mes anterior, que en el consorcio empresarial contratado por el INS "aparece como representante el esposo de Karine Niño", diputada del Partido Liberación Nacional (PLN). Ese medio habló con la legisladora, quien expresó lo siguiente: "no está bien que se diga que él recibió algo porque no fue él, es una empresa donde él actuó como el representante legal. Lo que quiero dejar claro es que ningún miembro de mi familia es dueño, ni participa del capital social. Él es abogado, es parte de su ejercicio laboral, en el que funge como abogado, y por eso la representación".
Denuncia penal
Por este caso, el INS acudió a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para denunciar hechos relacionados con la contratación de esa solución tecnológica.
La denuncia fue firmada por el presidente ejecutivo, Gabriel Pérez; el gerente general, Luis Fernando Monge; el subgerente interino de Transformación Digital, José Arévalo, y el director Jurídico, William Emilio Fernández.
"El INS procederá con la apertura de un procedimiento administrativo ordinario para determinar la eventual nulidad del proceso de contratación, debido al aparente impedimento", dice el comunicado.
"Una vez efectuada la suspensión del contrato, se han dado una serie de hechos y acciones que permiten sospechar de una eventual filtración de información para lograr presiones externas con objetivos que, en apariencia, podrían ser irregulares", agrega.