¿Hay un ataque sistemático contra la prensa?: la pregunta que la CIDH hace a Costa Rica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó este miércoles a Costa Rica si efectivamente existe en el Gobierno de Rodrigo Chaves una política sistemática de ataques a los periodistas.

Lo hizo en medio de los numerosos cuestionamientos que el Poder Ejecutivo recibió hoy por parte de diversas organizaciones sociales, que solicitaron una audiencia ante el organismo internacional por el presunto debilitamiento de los derechos humanos en el país.

“Categóricamente, señalo que no, el país no tiene ninguna política sistemática de ataques a los periodistas, el ejercicio del Periodismo en Costa Rica sigue siendo una actividad completamente abierta, se respeta en todos los espacios, es un Gobierno abierto donde el Presidente y los distintos jerarcas, a través de las distintas oportunidades, tienen un intercambio con los periodistas.

“En estos mismos momentos, el señor Presidente está en su habitual conferencia con los medios de comunicación, todos cordialmente invitados a Casa Presidencial a poder tener un debate y un diálogo con el Presidente en los distintos temas de la agenda”, respondió el viceministro de Asuntos Multilaterales de Cancillería, Alejandro Solano.

Efectivamente, a esa misma hora el mandatario realizaba su acostumbrada conferencia de prensa, en la que, igual que muchas otras veces, llamó “prensa canalla” a medios como CRHoy, La Nación y Teletica.

Numerosas quejas

La reunión de este miércoles fue solicitada, entre otros, por el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Alianza de Mujeres Costarricenses y la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR).

Estos y otros grupos insistieron en el debilitamiento de la institucionalidad en el país, la caída en la inversión pública y la desatención a grupos vulnerables, todo en medio de crecientes índices de criminalidad e inseguridad.

“La inversión pública ha caído a los niveles más bajos de la década, con aumentos de la violencia y criminalidad, la tasa de homicidios y feminicidios.

“El Estado se muestra incapaz de generar políticas públicas eficientes y responsabiliza y ataca a otros poderes del Estado, o bien, a las instancias de control como la Contraloría General. La violencia política aumenta, día a día, la desconfianza ciudadana en la gestión pública”, criticó la CEJIL.

En ese sentido, el relator de la CIDH, Carlos Bernal, también preguntó al viceministro si existe una política de desmantelamiento del Estado social.

“Tampoco, los indicadores son claros: hay una disminución de la pobreza y el desempleo. Por supuesto que todos los países enfrentamos enormes desafíos macroeconómicos y el país ha tratado de encontrar un balance entre lo que es el comportamiento fiscal y la inversión pública.

“Es un equilibrio que todos los Estados tenemos que llevar a cabo”, añadió el jerarca.

El también relator de la Comisión, Stuardo Ralón, evidenció el contraste de versiones entre lo que el Gobierno defiende y lo que cuestionan las organizaciones civiles, mientras que el segundo vicepresidente de la CIDH, Arif Bulkan, agradeció el “intercambio de visiones” y la promoción de los derechos humanos que tanto el Estado como las organizaciones parecen defender.