“Hay cosas en la lógica que no se entienden”, dice ministro sobre orden de permitir visitas
Gerald Campos, titular de Justicia y Paz, criticó una resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena que consideró discriminatorias las restricciones en las visitas de privados en máxima seguridad.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, criticó la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, que le ordenó restablecer las visitas generales e íntimas a un privado de libertad recluido en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero.
Aunque asegura que la institución no ha sido formalmente notificada, el titular recordó que la creación de esos módulos de máxima seguridad surgieron en medio de un recrudecimiento de la violencia en el país, así como informaciones que apuntan a líderes criminales que ordenan asesinatos y controlan negocios de drogas desde las cárceles.
"Tomamos las medidas contundentes y necesarias para hacer un centro de alta contención en virtud, también, de las críticas del Poder Judicial y ahora es el Poder Judicial el que quiere que vaya hacia atrás. Hay cosas que en la lógica no se entienden. ¿O estamos dándonos la mano por el país o, vamos a seguir permitiendo que la criminalidad gobierne?", expuso Campos.
El jerarca aseveró que, desde su punto de vista, el Derecho se ha utilizado para malinterpretarse por encima de la Justicia. Por lo anterior, pidió “sentido común” para entender que una regulación severa del Sistema Penitenciario Nacional tiene como objetivo el resguardo de los derechos de los ciudadanos fuera de este.
"¿Que lógica puedo creer yo para que un juez de la República dice que porque violentamos derechos fundamentales, ellos pueden seguir haciendo lo que les da la gana? Y me pregunto, y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos honestos, que todos los días lo que hacen es trabajar pagar sus impuestos para que los empleados públicos cumplan a cabalidad con su función, ¿cuándo los vamos a proteger?", añadió.
Asimismo, el ministro sugirió que a los jueces de Ejecución de la Pena se les exijan declaraciones juradas sobre sus relaciones con el crimen organizado o sobre si han sido o no sobornados.
"No estoy lanzando críticas para deshonrarlos, pero creo que es importante que si estamos en puestos de decisión debemos decirle al país que no tenemos relación con el crimen organizado", afirmó.
Las declaraciones llegan tras una sesión ordinaria del Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia, celebrada en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros (INS), tan solo un día después de que trascendiera la resolución 2025004721, en la que el Juzgado de Ejecución de la Pena acogió un incidente de queja planteado por la Defensa Pública, al encontrar un trato discriminatorio y desigual hacia un recluso, producto de restricciones a las visitas familiares e íntimas, sin razón aparente y en virtud de su trasladado al Circuito de Alta Contención.
