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El "Convenio marco servicios de infraestructura con fondos propios", que entró a regir desde el 7 de junio anterior,  obliga al sector público a dar prioridad a 14 empresas en la contratación de servicios de construcción.

Puntualmente,  se da la directriz a ministerios y órganos desconcentrados a consultar y utilizar, antes de tramitar otro procedimiento para servicios de  inspección, remodelación, construcción, reparaciones, diseño y dirección técnica, a un listado de empresas.

En la lista se incluyen: Constructora Navarro y Avilés, América Ingeniería y Arquitectura, Compañía Constructora INGESUR, Consultora Estructural G.A., Asociados CEGA, GN Estructuras & Infraestructuras, VIM, Construcciones Peñaranda, Consorcio Guidi Guidi Moreno, ICICOR-Costa Rica, Valdesol, Ingenierías Jorge Lizano & Asociados y Mantenimiento.

Las empresas fueron seleccionadas mediante una licitación pública, que según aclaró el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), dio 21 días hábiles para la recepción de ofertas.

El convenio, dado a conocer la semana pasada por el medio digital AmPrensa,  es duramente criticado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), y por la Cámara Costarricense de la Construcción, quiénes señalan barreras para la libre competencia y una afectación para el 99% de sus afiliados.

“Consideramos que existe un debilitamiento del principio de la libre competencia. Asimismo, consideran que el hecho de que existan compras por catálogo, sin un precio definido para servicios de construcción (ingeniería y arquitectura) no tiene explicación desde un punto de vista técnico” reza en una carta enviada por el CFIA a la DGABCA desde el pasado 11 de junio.

En la carta, dirigida a la DGABCA, se solicita valorar la suspensión del convenio, mientras se aclaran las dudas del sector.

Por su parte, la Cámara de la Construcción señala que “lejos de garantizar eficiencia en el manejo de los recursos públicos, el modelo planteado impedirá que se logre esta aspiración e inclusive fomenta una concentración de contratos en unas cuantas empresas”. Esto en una carta enviada a la DGABCA desde el pasado 17 de junio.

Tanto el CFIA como la Cámara de la Construcción confirmaron a Teletica.com que no han recibido respuesta del Ministerio de Hacienda.

Ante consultas de este medio, el Ministerio de Hacienda negó que el convenio obligue las instituciones a contratar solo a las 14 empresas, aunque reconoce que si deben darles prioridad. 

Sobre las razones, la directora General de la DGABCA, Maureen Barrantes, dijo que el convenio “permite establecer condiciones de compra para bienes y servicios de uso común y continuo, que pueden ser adquiridos por las instituciones usuarias a precios más favorables”.

También señaló que se llevaron a cabo estudios de mercado y técnicos para determinar la viabilidad de su aplicación.

“A  partir de la publicación efectuada, todo interesado, sin distinción alguna, tuvo la posibilidad de participar en la licitación de marras, en todas y cada una de las etapas, consolidándose de esa manera la aplicación del principio de libre concurrencia. Según el sistema SICOP, se realizaron 1428 invitaciones, entre ellas al CFIA” agregó Barrantes.