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Mediante una carta abierta a los diputados y  al Poder Ejecutivo, un grupo compuesto por economistas, abogados y profesionales en otras ramas se organizaron para exigir acciones inmediatas para salir de la crisis que el COVID-19 tiene sumergido al país.

Entre los firmantes del documento se pueden ver exministros, expresidentes del Banco Central, exembajadores, empresarios y académicos. 

Dicen que el país está en una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas que no se había experimentado en toda nuestra historia y cuyas nefastas consecuencias no son fácilmente previsibles en toda su amplitud.

“La pandemia impacta al país sobre un legado histórico de brechas y dualismos estructurales, profundizándolos: educativos y de habilidades; laborales entre trabajadores formales e informales, productivos, territoriales, digitales; y entre un sector de relativamente pocas empresas modernas, de alta productividad y empleo de alta calidad, y un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”, se lee en parte del documento.

Entre los más de 30 firmantes están los exministros Tomás Dueñas, Marco Vinicio Ruiz, Alberto Trejos, así como el ex vicepresidente de la República Luis Liberman y los expresidentes del Banco Central Jorge Guardia y Eduardo Lizano.

También hay empresarios tales como Luis Mesalles, académicos como Daniel Suchar, exembajadores como José Joaquín Chaverri y hasta dos exjerarcas de la Superintendencia de Pensiones, Álvaro Ramos y Javier Cascante.

Además, en el documento atacan el peligroso debilitamiento de la efectividad de la acción gubernamental.

“La cantidad de recursos que la sociedad asignaba a esas tareas se incrementaba de manera acelerada, principalmente por un aumento desmedido de las remuneraciones en el sector público producto, principalmente, de la acción de grupos de interés que desde el interior de las instituciones pugnan por la apropiación indebida de rentas y de los escasos recursos que deberían estar destinados a cumplir con los mandatos institucionales”

Indican que el país debe redoblar esfuerzos e innovar en políticas de desarrollo productivo; fortalecer las instituciones y mecanismos de apoyo para el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos, por medio de instrumentos como los clústeres y los ecosistemas empresariales con un enfoque en todo el país, no solo en la GAM.

"Lo anterior, bajo la certeza de que es posible acelerar el desarrollo productivo, tecnológico y de creación de empleos de calidad cuando se tienen los mecanismos correctos de cooperación público-privados. Para ello, será fundamental contar con un espacio fiscal que solo se podrá alcanzar con importantes reformas al sector público y al empleo público.

“El desarrollo y fortalecimiento de un sector privado competitivo y moderno es clave para la prosperidad futura del país y la creación de empleos de calidad. Y lo es también para la reducción de la desigualdad, porque mucho de la desigualdad está arraigada en la gran heterogeneidad en términos de productividad entre sector formal e informal y entre empresas medianas y grandes versus pequeñas y microempresas. No será posible reducir la desigualdad con base solo en políticas sociales y de transferencias.

“Además, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar el Estado Social de Derecho si no es de un sector privado más fuerte y más formal y de los correspondientes ingresos generados por los impuestos, tanto a las empresas como a los trabajadores? El crecimiento y fortalecimiento del sector privado es una pieza esencial para fortalecer el Estado Social de Derecho. No es posible fortalecer el último sin desarrollar y fortalecer el primero”, expresaron.

En conclusión, los firmantes piden a los diputados y al Gobierno moverse para aprobar a la mayor brevedad lo siguiente:

  • El presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno, y su correspondiente recorte de gastos, expediente 22.080. Es claro que este recorte no es todo lo que se requiere, y que habrá que hacer esfuerzos adicionales muy pronto, pero es un paso importante en la dirección correcta. Es imperativo aprobar los recursos necesarios para el financiamiento del programa Proteger y la sostenibilidad de la CCSS.
  • El proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los funcionarios del sector público con salarios de más de 1.5 millones, expediente 22.081.
  • El proyecto de contratación de un crédito externo dentro del Programa de Facilidad Rápida con el FMI por $ 504 millones, expediente 22.018.
  • El proyecto de Ley Marco de Empleo Público como una herramienta para dar coherencia a las relaciones laborales en el sector público, atacar las inequidades que el esquema fragmentado actual genera y, al mismo tiempo, crear los incentivos correctos para atraer el talento necesario para el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
  • La aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), expediente 21.738. Solo permitiendo dicha transformación seremos capaces de brindar el conocimiento y capacitación a los trabajadores para su reinserción en el mercado laboral.

Entre otros puntos, también hacen un llamado al gobierno para que:

  • Conforme una Comisión Consultiva Nacional de Reactivación Económica, presidida por el Sr. Presidente de la República, con participación de los Ministros e instituciones relevantes para estas tareas, y con participación de representantes empresariales de los sectores productivos y de trabajadores del país, sindicatos y solidaristas, y sector académico con el objetivo de contribuir con la implementación eficaz y oportuna de las distintas acciones e iniciativas que deben tomarse e impulsarse por parte del Poder Ejecutivo.
  • Continúe con los esfuerzos para la reducción y eficiencia del gasto público; la mejora en la recaudación y reducción de la evasión tributaria y la buena administración del servicio de la deuda, con el fin de disminuir en lo posible el tamaño del déficit fiscal y la acumulación de la deuda pública.

Para los expertos, el riesgo de que la tormenta perfecta, producto de varias crisis simultáneas, lance a todo el país al abismo (una crisis fiscal, económica, financiera y social) es muy real e inminente.

“Este riesgo latente demanda un gran sentido de madurez y de responsabilidad de todas las personas, de todos los sectores (empresarios y sus organizaciones; representantes sindicales, cooperativistas, 4 solidaristas y sus organizaciones; funcionarios públicos; instituciones académicas; ONGs), de todos los partidos políticos, y por supuesto de todos los líderes y jerarcas en posiciones de gobierno en todos los poderes del Estado. Es un reto país, al que deben subordinarse los intereses y objetivos de partidos políticos y de grupos de interés particulares”.