El Gobierno de la República volvió a señalar este martes la urgencia por modernizar los puertos del Pacífico para atender principalmente “el apuro comercial” en Puerto Caldera, que desde 2016 ha visto superada su capacidad de manejo de carga.

Esa necesidad de transformación fue parte de lo presentado ayer por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) como parte del llamado Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, una hoja de ruta que define las inversiones necesarias en infraestructura y equipos para atender la creciente demanda del sector, pero no establece ni plazos ni certezas sobre cómo hacerlo.

El plan define las principales inversiones a realizar, las etapas en que estas se ejecutarían y el valor aproximado, que rondaría los $251 millones.

Sin embargo, el Incop no tiene el presupuesto para ejecutar dichas obras y el contrato con la Sociedad Portuaria (vigente concesionario) prohíbe nuevas inversiones, por lo tanto todos los proyectos están sujetos a lo que suceda con ese acuerdo que expira hasta 2026.

“No hay un plazo para tomar esas decisiones, pero sí es verdad que por cada día que se prorrogue la decisión, a mí criterio, hay una afectación en relación con la visión de que sea el puerto un verdadero generador de empleo como se ha propuesto en el plan maestro con la expansión.

“Lo que sí no aguanta es esa expansión, sea por la vía que sea, ya sea por el actual concesionario, por la vía de la empresa privada o por la vía de una tercera”, expresó la ministra de Mideplan, Pilar Garrido.

Alternativas

El plan maestro propone precisamente tres alternativas para esa inversión: negociar con las concesionarias o licitar los principales proyectos como una única y nueva concesión, cambiar la ley de concesión para permitir una estructura de tasas de canon menos rígida (más bajo o nulo en los primeros años y alto en los siguientes) o bien permitir incluir los costos de inversión y mantenimiento del puerto de servicio y el espigón dentro de la concesión.

 “Se podría también pensar que el Incop empiece a hacer desarrollos por sí mismo en este tiempo, lo que sí es verdad es que no tiene los recursos suficientes para acelerar plenamente la ejecución y por supuesto poner en marcha el plan maestro.

“Es verdad que hay una realidad que es el contrato y yo estoy segura que una vez se resuelva eso se podrá acelerar aún más la ejecución del mismo que ya se visualiza empieza el otro año”, dijo Garrido.

La ministra explicó que podría darse una adenda al contrato vigente siempre y cuando esta no supera un 25% del original y lo avale la Contraloría General de la República, de lo contrario habría que iniciar una licitación.

La otra opción sería esperar hasta el 2026, pero ese es el camino menos atractivo para el Gobierno.

Garrido aceptó que ahora mismo el Ejecutivo está enterado del interés de la concesionaria actual por asumir esas inversiones mediante una ampliación del contrato, la intención de DP World (Emiratos Árabes) que ya puso una oferta sobre la mesa y la filipina International Container Terminal Services Inc., según reveló el diario La Nación días atrás.

La jerarca adelantó este miércoles que además hay una firma española que inició conversaciones, pero no reveló el nombre de esta.

“Indudablemente el camino tiene que ser la concesión siempre, siempre. Porque se comparten riesgos (…) por los límites de deuda en los que rondamos como país (60%) y porque se ha probado como una experiencia correcta.

“La opción de abrir un proceso de licitación con los emiratíes, filipinos o españoles existe, pero tenemos que respetar las normas que existen como país de derecho que somos. Quien sea siempre y cuando sea una licitación de libre concurrencia”, finalizó.