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El Gobierno presentó hoy un proyecto de ley para gravar con un 0,5% de impuesto las casas con un valor superior a los ₡150 millones.

La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 22.382, sustituiría al actual impuesto solidario que está vigente desde 2008.

“Este impuesto gravará todo inmueble, urbano o rural, que contenga una o más construcciones e instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos”, detalla el proyecto.

La ley vigente grava con 0,25% los inmuebles con valores entre los ₡133 millones y los ₡334 millones, a partir de este monto el impuesto es gradual hasta un 0,55% máximo.

La propuesta actual aumenta el monto mínimo para ese cobro, pero también el porcentaje a cobrar y sin ninguna graduación.

Hacienda aclaró que no serán sujetos de este tributo aquellos inmuebles en donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales y/o comerciales.

Los recursos generados irán principalmente para la atención del problema fiscal del país, pero además se le asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) una partida anual, vía transferencia, superior a ₡4 mil millones.

El proyecto de ley es enfático en que ese dinero deberá usarse para financiar programas públicos de atención de asentamientos informales, erradicación de precarios, así como dotar de vivienda digna a personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda estará encargada del cobro, recaudación, administración y fiscalización de este impuesto, cuyo periodo fiscal será anual (1.° de enero al 31 de diciembre) y su pago deberá realizarse durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que con esta propuesta se cierra el tema de ingresos en el proceso de ajuste que actualmente se negocia con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo de financiamiento ampliado por $1.750.