Gobierno presentó directriz que evita creación de nuevos trámites y reduce requisitos para permisos
Al iniciar la administración, el CNT contabilizaba 1.609 trámites registrados, que se redujeron a 1.232 como principal efecto de la directriz
El Gobierno presentó este miércoles una moratoria regulatoria que evitará la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos para obtener permisos, licencias o autorizaciones, la cual regirá hasta mayo del 2022.
“Vamos a dinamizar la economía, reducir el tiempo, simplificar procesos y podremos utilizar esta herramienta para hacernos más competitivos como país”, indicó Carlos Alvarado, presidente de la República.
Este mecanismo busca ordenar la actividad de las entidades públicas, esta directriz no constituye una eliminación o suspensión de los trámites que ya están vigentes, indicó la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández.
Las únicas excepciones se darán cuando el trámite a instaurar se deba a un mandato legal, a una emergencia nacional así declarada, responda a razones ambientales, de salud pública o de interés público (con aval de la Presidencia de la República) o bien, si se demuestra que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia.
La ministra explicó que estas medidas surgieron a raíz del análisis de una directriz denominada “Acciones inmediatas para la simplificación de trámites en el Gobierno del bicentenario”.
Los resultados del estudio provocaron la actualización de información en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT), para exigir solo los trámites fundamentados en una norma publicada.
Al iniciar la administración, el CNT contabilizaba 1.609 trámites registrados, que se redujeron a 1.232 como principal efecto de la directriz.
“Se va a pasar de un esquema concentrado en controles previos a otro con mecanismos de verificación posterior”, detalló el mandatario durante un acto realizado en Casa Presidencial.
El decreto también intenta agilizar la resolución de gestiones de los ciudadanos y empresas y el cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta institucional.
“Es importante destacar que el uso del mecanismo de la declaración jurada no se trata de una renuncia a las facultades del Estado para dar autorizaciones, licencias o permisos. Al contrario, busca reforzar los mecanismos de vigilancia y verificación posterior”, señaló Hernández.
Con esta medida se pretenden mejorar las condiciones para que las empresas obtengan sus permisos e inicien operaciones y no se les castigue con tiempos extensos de espera.
Con esta directriz también bajaron los plazos de resolución, se generaron guías y herramientas de inspección estandarizadas y se definió un plazo máximo de dos meses posterior al otorgamiento del permiso para cumplir la inspección.
Además, se tienen definidos los criterios para la emisión de orden sanitaria o cierre, entre otras medidas.
La ministra recordó que existen mecanismos, como las Contralorías de Servicios de cada institución, así como el correo electrónico [email protected] para que la ciudadanía sea partícipe y denuncie procesos que se puedan considerar que constituyen una pérdida de tiempo.