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El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró que todavía están analizando la posibilidad de extender por tres meses más la fijación de precios en la gasolina súper y regular, a días de que la medida cumpla su plazo de ley.

“La prórroga de combustibles está siendo analizada, y en su momento se dará una opinión definitiva cuanto se tenga la valoración técnica”, dijo el jerarca.

Con la entrada en vigencia de la ley 9.840, el litro de gasolina súper y regular quedó fijado en ¢517 y ¢492, respectivamente, desde el pasado 27 de marzo.

La diferencia entre el precio de venta y el precio aprobado se traslada al Ministerio de Hacienda para alimentar los recursos que el Gobierno destina a los trabajadores afectados por la emergencia del COVID-19.

La ley establece que los precios quedarán congelados por tres meses, que serán prorrogables por  tres meses a través de un decreto. 

Esto significa que aún cuando la fijación debía terminar a finales de julio, podría ampliarse hasta finales de agosto si el Poder Ejecutivo lo solicita.

De momento, el Gobierno ha recaudado ¢15 mil millones con esta medida, aunque inicialmente, los diputados calcularon que la recaudación sería de ¢28 mil millones.

Otras propuestas

El ministro de la Presidencia también confirmó que no descartan la creación de una comisión especial para reactivar la economía, tal como fue planteado por un grupo de exministros y académicos mediante una carta abierta a los diputados y  al Poder Ejecutivo.

“Es un tema que el Gobierno está valorando para ver si es conveniente y necesario integrar a diferentes sectores en una comisión permanente”, dijo Prieto.

En cuanto a la iniciativa de ley para reducir la jornada de un grupo de trabajadores del sector público, Prieto reconoció que es susceptible a mejoras.

“Fue la solución más rápida y práctica que el Poder Ejecutivo encontró para promover una mayor contribución del sector público a la atención de la pandemia y la crisis fiscal”, aseguró el jerarca tras ser consultado sobre las críticas que ha recibido el proyecto.

También reconoció que nunca esperaron que se aprobara sin modificaciones. “El Gobierno nunca ha pretendido que un proyecto de ley, que remita a la Asamblea Legislativa, salga sin haber modificado ni una coma”, agregó.

El ministro de la Presidencia aseguró que los diputados son los que tendrán la última palabra respecto a los cambios o modificaciones que requiere el documento.

Una de las principales críticas contra el proyecto de ley, es que deja por fuera a miembros de Supremos Poderes, como los diputados, dado que estos no reciben remuneraciones por dietas.

También se cuestionó la falta de claridad en los ahorros esperados, dado que a los ₡129 mil millones que se espera liberar habría que restarle lo que dejaría de percibir la Caja por la reducción de las cuotas obrero patronales.