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El Ministerio de Seguridad Pública busca la forma de gestionar sus propias órdenes de allanamiento para poder intervenir fiestas y otros eventos ilegales en medio de las restricciones sanitarias por el COVID-19.

La posibilidad se discute luego de que, el fin de semana anterior, un juez de Alajuela rechazó otorgar esa posibilidad a las autoridades para intervenir una fiesta en el sector de Fraijanes, donde se reportaron más de 200 personas aglomeradas.

El argumento del juez fue que la violación de medidas sanitarias es un delito, por lo tanto, debe ser el Ministerio Público el que solicite dicha orden, pero en ese caso en particular lo realizó el Ministerio de Salud.

Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, aseguró que ante esta problemática, desde esta semana, el departamento legal del ministerio ha mantenido reuniones con Salud y las autoridades judiciales para valorar si, en medio del estado de emergencia actual, se permite que sean ellos mismos quienes emitan esas órdenes.

“Es un asunto que esperamos se resuelva esta misma semana previo a lo que viene, que es un fin de semana largo y no queremos estar de nuevo con este impedimento, sino que ya tengamos claro cuál será el procedimiento a seguir, tener el acompañamiento judicial y que si no se otorga el allanamiento sea por otras razones y no por un problema de procedimiento”, aseguró el comisario.

Calderón explicó que el procedimiento es claro en que cuando se trate de situaciones como estas la orden debe venir del Ministerio de Salud; sin embargo, aceptó que hay jueces que siguen desconociendo la resolución, tal y como sucedió en Alajuela.

“El procedimiento está claro y podemos seguir operando siempre y cuando todos los jueces tengan pleno conocimiento de lo que se va a hacer. Sin embargo, una limitación que tenemos que es no siempre hay autoridades de Salud durante la noche y madrugada, hay que reconocer el esfuerzo extraordinario que está haciendo en las últimas semanas para acompañarnos y estar ahí, pero podría ocurrir que en determinados casos no estén”, dijo.

Así, una solución podría ser facultar a Fuerza Pública para gestionarlas directamente.

“Es un asunto de procedimiento, de mejorar la coordinación, de adaptar ese procedimiento a una situación que estamos viviendo que no es normal. Aclaramos que no se trata bajo ningún punto de vista que queremos o estamos solicitando que nos autoricen a entrar sin una orden de allanamiento, nunca, somos respetuosos y creemos que esa garantía debe existir, lo que pedimos es claridad en el procedimiento”, añadió.

Alcances

El sábado anterior, las autoridades de Salud le solicitaron al Juzgado Penal de Alajuela emitir una orden de allanamiento para ingresar a la propiedad donde se realizaba una boda que no cumplía con las restricciones sanitarias de aforo.

La solicitud fue tramitada por una asesora legal del Ministerio de Salud, quien justificó la solicitud amparada en el Código Penal ante el delito de incumplir un mandato legal.

“En virtud de lo anterior, le hice ver que de conformidad con el principio acusatorio que rige en nuestro proceso penal, al encontrarnos en presencia de un delito, el allanamiento solo lo podría solicitar el Ministerio Público y no la profesional referida”, dijo José Barletta, el juez que rechazó la medida.

“A manera de antecedente, el 26 de agosto del 2020 rechacé una solicitud de desestimación presentada por la Fiscalía de Alajuela pues como juez he sostenido que el desacato de un decreto ejecutivo que tiene como finalidad, el evitar la propagación de la pandemia el COVID, es un hecho delictivo”, ejemplificó Barletta.

Rubén Hernández, experto en derecho constitucional, aseguró que el problema está precisamente en la falta de colaboración de los jueces y la interpretación que hacen de la ley.

“En virtud de que las garantías constitucionales están vigentes, un cuerpo policial no está facultado para ingresar a una propiedad privada, hace falta la autorización de un juez para allanar una propiedad, pero ahí es donde falta la colaboración de los jueces y su voluntad de permitirle a la autoridad intervenir.

“El problema aquí es que la Ley de Emergencias está pensada para catástrofes naturales y no para una pandemia, entonces estas solicitudes dan pie a una aplicación antojadiza de la ley en el sentido de que dependerá de cada juez si da ese alcance por válido, y en este país la mayoría son bastante estrictos en ese sentido”, dijo Hernández.

El experto aseguró que, ante esa realidad, es más fácil pensar en una reforma legal que en un cambio de mentalidad de los encargados de aplicar la ley, pero este camino también necesitaría de una voluntad política incierta.

Daniel Calderón informó que, de momento, las autoridades se preparan para enfrentar el fin de semana largo con un aumento de personal y la creación de grupos interinstitucionales que permitan tener el acompañamiento de Seguridad Pública, Salud y municipalidades, así como cercanía con el Ministerio Público para tratar de gestionar órdenes de allanamiento lo más rápido posible en caso de ser necesarias.

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