Por Álvaro Sánchez Por Paulo Villalobos 11 de diciembre de 2024, 7:10 AM

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) investiga un supuesto soborno de $15.000 pagado en efectivo a un juez por un sospechoso de narcotráfico.

Esa presunta dádiva fue la que motivó un allanamiento la mañana de este miércoles en la vivienda del decisor de apellido Sandí, así como en su despacho y en el Departamento de Tecnologías de la Información de los tribunales del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en Limón.

De acuerdo con el fiscal Javier Valerio, el aparente soborno tenía como objetivo un cambio de la prisión preventiva que entonces pesaba sobre un hombre de apellido Herrera, conocido como "Banano" (vea video adjunto de Telenoticias).

Policialmente, se tiene que ese sujeto está vinculado con la estructura criminal liderada por Tony Peña, quien actualmente se encuentra privado de libertad, como sospechoso de liderar los llamados "escuadrones de la muerte" (grupos de sicarios muy violentos que operaban en Limón).

"Se habla, no lo puedo confirmar, pero al menos policialmente se tiene establecido que pudiera ser parte de la organización de Tony Peña", mencionó el representante del Ministerio Público.

Valerio apuntó que la investigación en cuestión dio un giro con el asesinato del defensor de Peña, ocurrido el 16 de agosto pasado, luego de que al presunto cabecilla de alias "La T" se le impusiera la medida cautelar que descuenta en la actualidad.

Ese día, el abogado y exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Ramírez, fue acribillado a tiros por varios individuos armados que irrumpieron en su casa, en Limón.

Sin embargo, ese día se logró recuperar el celular del jurista y, tras la respectiva apertura del mismo, se hallaron conversaciones que apuntan al supuesto pago de dádivas a Sandí.

El fiscal aseveró que Ramírez fungió como "intermediario" en el aparente pago del soborno.

Con las diligencias ejecutadas este miércoles se pretende recabar prueba para la investigación que se sigue contra el juzgador por presunta procuración de impunidad, así como contra Herrera por supuesta penalidad del corruptor.

La pesquisa inició 11 meses atrás, cuando la Policía Judicial recibió información del aparente soborno, a cambio de la liberación o el favorecimiento de personas vinculadas a supuestas infracciones a la Ley de Psicotrópicos.

Ambos sospechosos fueron detenidos en las diligencias y en el transcurso del día se les tomará declaración indagatoria. Posteriormente, se valorará la solicitud de medidas cautelares contra ambos.

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