Fiscalía investiga a funcionaria por presuntamente adelantar información de caso a juez

La orden de allanamiento emitida en el expediente 25-009138-0042-PE, seguida contra dos integrantes del Juzgado Penal de Pococí y una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacada en la delegación del cantón limonense, describe una serie de situaciones aparentemente irregulares en el manejo de causas por parte de los investigados, pero que son también atribuibles a otros funcionarios.

Tal vez el mejor ejemplo de ello tiene que ver con eventos analizados en un informe de la Policía Judicial que permitió construir una cronología —con base en información disponible en la sumaria 26-000541-0066-PE y una entrevista a un testigo— y que lleva al Ministerio Público a creer que una de sus funcionarias (cuya identidad este medio reservará) dio información anticipada a un juez de apellido Ramírez, quien más adelante iba a conocer y resolver la gestión de la fiscala.

"En la conversación sostenida el 26 de marzo de 2026, Ramírez le comentó al investigado Valverde que 'X me está diciendo' en referencia a la gestión de un anticipo jurisdiccional de prueba relacionado con la pareja sentimental de la víctima del caso al que referencian como 'carro quemado', adelantando de esa forma su criterio al calificar la solicitud como 'pérdida de recursos' y 'estupidez'. Ese mismo día, en horas de la tarde, según narró el testigo, la fiscala adoptó una postura evasiva y varió de forma repentina su disposición inicial de tramitar dicho anticipo, cambio que el testigo relacionó con el hecho de que ella ya habría comentado el asunto con Ramírez, dada la cercana relación de amistad que los une, al punto de señalarle: 'yo sé que si se lo pedimos, él nos lo da'.

"Esta secuencia encuentra respaldo en lo constatado dentro del expediente judicial, donde consta que la gestión formal del anticipo fue presentada por la fiscala el propio 26 de marzo de 2026, el mismo día en que se registró la conversación y el comentario relatado por el testigo y que fue el mismo Ramírez quien, al día siguiente, 27 de marzo de 2026, resolvió y ordenó la referida solicitud", se lee en el documento en poder de Teletica.

La diligencia a la que se hizo alusión en la intervención de las comunicaciones —que fueron analizadas por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública al ordenar el operativo que llevó a la detención y posterior suspensión sin goce de salario de los servidores sospechosos— se llevó a cabo el 8 de abril pasado, con Ramírez como el responsable de concederla.

Esos mismos, y la servidora mencionada en la orden de allanamiento, son objeto de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), confirmó el despacho ante una serie de consultas de Teletica.

El proceso se sigue bajo la causa 26-000332-1218-PE y persigue una presunta divulgación de secretos. La pesquisa se abrió el 10 de setiembre anterior.

Otros hechos

Para entonces habían transcurrido nueve días desde que el Ministerio Público y la Policía Judicial allanaron la sede del Juzgado Penal de Pococí para detener a dos de sus integrantes de apellidos Valverde y Ramírez, así como a una oficial de apellido Rojas. 

Todos fueron liberados un día después y suspendidos mientras avanzan las investigaciones.

Los tres funcionarios en cuestión también figuran como sospechosos de divulgación de secretos en el expediente 25-009138-0042-PE, que es el mismo que motivó la intervención de las comunicaciones entre presentes que dieron pie a la investigación contra la fiscala.

Dicha causa persigue supuestos favorecimientos de los servidores a Alejandro Arias, más conocido como "Diablo", así como a su organización criminal.

En los hechos que se persiguen en la causa se menciona, por ejemplo, que Valverde en apariencia faltó a su deber de probidad el 2 de marzo anterior al supuestamente mencionar a la fiscala "información sensible" —no se precisa de qué tipo— de un caso de violación e hizo comentarios despectivos sobre la víctima en ese proceso, en una conversación en su despacho.

Asimismo, se indica que ese mismo día, Valverde también dio —presuntamente— datos privados a otra representante del Ministerio Público de la misma investigación. Específicamente, refirió la profesión, los hechos que la agraviada denunció y, ambos, se refirieron peyorativamente a la ofendida.

En línea con los eventos que motivaron el inicio de la investigación contra la fiscala, la orden de allanamiento señala que Ramírez, aparentemente, adelantó criterio al conversar con Valverde en la oficina de este último detalles respecto al expediente 26-000541-0066-PE.

Por ese hecho particular, se le atribuye a Ramírez una supuesta violación al principio de juez natural y objetividad dentro del proceso penal.

En su razonamiento al resolver la solicitud de registro de la Fiscalía, la juzgadora Tatiana Le Roy hizo ver:

"Cuando un funcionario obtiene información debido a las facultades, accesos tecnológicos, expedientes, bases de datos, comunicaciones o relaciones institucionales que acompañan su cargo y posteriormente la transmite a una persona que carece de legitimación para conocerla, la conducta deja de constituir una mera irregularidad administrativa cuando concurren los restantes elementos exigidos por el tipo penal".

Asimismo, puntualizó que el cuadro planteado por el Ministerio Público permite evidenciar una "conducta reprochable" de los funcionarios sospechosos.

Esto en el tanto que, a lo largo de la orden de allanamiento, se extraen aparentes anomalías con el manejo de investigaciones en curso, actuaciones procesales, diligencias pendientes, impuestos, estrategias investigativas y datos reservados.