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El Ministerio Público confirmó este lunes a través de su oficina de prensa que ya ingresaron dos denuncias contra la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La primera ingresó a las 9:25 de la mañana y la segunda unos 10 minutos después.

“Ambas denuncias serán remitidas al despacho de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, para el respectivo análisis y la apertura de la respectiva investigación”, indica la Fiscalía.  

La defensora de los Habitantes Catalina Crespo llegó este lunes hasta Casa Presidencial para conversar con el presidente Carlos Alvarado sobre la creación de la UPAD; la cual alberga y puede revisar datos personales y privados de la población en general.

“La primera reunión de hoy fue por aproximadamente dos horas, le hicimos preguntas al presidente sobre quién tiene esa información, cómo se sacó la información, qué se ha hecho y cuál tipo de información han recabado”, dijo Crespo.

Además, el abogado y excandidato a la presidencia de la República, Juan Diego Castro, denunció al presidente Carlos Alvarado, ministro de la Presidencia Victor Morales, ministro interino de Planificación Luis Daniel Soto y dos funcionarios de la UPAD, por delitos de prevaricato y violación de datos.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó la noche de domingo una acción de inconstitucionalidad en contra de la UPAD, y de “omisiones del Presidente de la República, ministros, jerarcas y funcionarios de Gobierno".

La abogada Gloria Navas anunció el domingo que presentaría una denuncia este lunes en contra del presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) a.i. Daniel Soto, y en contra del equipo que trabajó en el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Y, por otro lado, el Colegio de Abogados de Costa Rica ofreció sus servicios a la Defensoría de los Habitantes en la investigación del caso por la creación de la UPAD.

El Colegio indica que ofrece su apoyo técnico jurídico ante la preocupación de sus agremiados y ciudadanos en general.

La Procuraduría General de la República informó este lunes por la tarde que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) participará en la investigación que realice el Ministerio Público, "aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública".