Fiscalía acusa a dos superintendentes y jerarca de Conassif por presunto nombramiento ilegal
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda la apertura de juicio contra seis personas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó penalmente a dos superintendentes y el presidente del Conassif por el presunto delito de nombramiento ilegal.
Puntualmente, la Fiscalía pidió que se abriera un juicio contra la superintendente general de Entidades Financieras y Pensiones, Rocío Aguilar; el superintendente general de Seguros, Tomás Soley, y la cabeza del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent.
Además, se acusó a una funcionaria de la SUPEN, de apellidos Vallejos Naranjo, y otro de apellidos Chaves Hernández, quien laboraba para el departamento de Recursos Humanos del Banco Central.
El caso hace referencia a un funcionario de apellidos Pacheco Umaña, quien fue elegido para ocupar el puesto de director de Planificación y Normativa en la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Este también fue acusado.
“Según la acusación de la FAPTA, estas personas habrían promovido y nombrado de manera ilegal al coimputado en la División de Planificación y Normativa de la SUPEN, pese a que no cumplía con la totalidad de los requisitos.
“Además, se sospecha que Pacheco y Dent indicaron en documentos públicos que el interesado contaba con un requisito del cual, presuntamente, carecía, mientras que, en apariencia, las funcionarias Chaves y Vallejos estaban enteradas de esta irregularidad”, dijo el Ministerio Público.
La acusación se presentó dentro del expediente 23-000234-1218-PE por el presunto delito de nombramiento ilegal y prevaricato en el caso de Rocío Aguilar; nombramiento ilegal para Tomás Soley; nombramiento ilegal y falsedad ideológica para Alberto Dent; falsedad ideológica para el funcionario Pacheco Umaña e incumplimiento de deberes en los casos de Chaves Hernández y Vallejos Naranjo.
El Conassif aclaró, este lunes, que el nombramiento investigado corresponde a uno realizado por la SUPEN en agosto de 2021 “mediante los servicios administrativos usuales que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) brinda a las superintendencias”.
“El Conassif y los jerarcas de las superintendencias han colaborado plenamente ante las solicitudes de información de la Fiscalía. Debido a la etapa en la que se encuentra el proceso y por respecto al ordenamiento jurídico costarricense, los funcionarios ligados al caso no brindarán declaraciones adicionales”, finalizó.
