Fiscal: Posible corrupción en tribunales de Pococí motivó cambio de jurisdicción para "Diablo"

El 18 de agosto pasado, el país amaneció con la noticia de que Alejandro Arias, conocido como "Diablo", era nuevamente sacado de la celda de máxima seguridad en la que descuenta prisión preventiva a una sala en los tribunales del I Circuito Judicial de San José.

La incertidumbre y las especulaciones se desataron, hasta que tiempo después, la Corte Suprema de Justicia confirmó que aquel traslado se había hecho para que quien fuera el criminal más buscado de Costa Rica atendiera una audiencia solicitada por el fiscal general, Carlo Díaz.

En esa vista, el jefe del Ministerio Público pidió que el caso que se seguía contra el presunto capo de la droga fuera tramitado en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en lugar de la vía ordinaria que mantenía el expediente 23-000010-601-PE tanto en el Juzgado Penal como en el Tribunal Penal de Pococí. Aquella solicitud fue acogida un día más tarde mediante resolución 045-2026.

Dos semanas después, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirigió allanamientos en el primero de los despachos y ordenó la detención de dos jueces de apellidos Valverde y Ramírez, así como de una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Rojas. Los tres figuraban como sospechosos de favorecer a la estructura que supuestamente lidera Arias.

Incluso, el Ministerio Público investiga al primero de los decisores por una aparente procuración de impunidad en favor de Gelen Arias, la hermana de "Diablo", en la causa que policialmente se conoce como "Colorado".

Frente a ese escenario, Teletica.com consultó a Díaz si, entre los elementos que motivaron la solicitud planteada al Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, estaban, precisamente, las situaciones que se hicieron públicas sobre los presuntos favorecimientos de personal judicial de Pococí a la organización de Arias.

"Esa es una de las condiciones que tomamos en cuenta. La causa igual es una causa de crimen organizado, es una organización que tiene una influencia a nivel nacional, no solo en la localidad de Guápiles. Pero también tomamos en cuenta los posibles focos de corrupción que ya veníamos investigando. Parte de esas circunstancias fueron las que se consideraron para enviar este asunto a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada", respondió el fiscal general.

Valverde, Ramírez y Rojas fueron liberados y suspendidos de sus cargos el 2 de setiembre pasado. Luego, el Consejo Superior del Poder Judicial resolvió que esa medida cautelar la cumplieran sin goce de salario.

El primero figura como sospechoso de procuración de impunidad, peculado, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y cohecho impropio. Los delitos se desprenden de supuestas situaciones relacionadas con su puesto, como el conocimiento de medidas cautelares, irregularidades en el cobro de la compensación económica por concepto de zonaje y hasta el uso de instalaciones judiciales para mantener relaciones sexuales con al menos dos mujeres (entre ellas la hermana de "Diablo").

Tanto ese sujeto como los restantes dos figuran como imputados por aparente divulgación de secretos, que en apariencia se relacionan con información correspondiente a casos que eran de su conocimiento o a los que habían obtenido algún tipo de acceso.