Fiscal general crea equipo especial para investigar caso Barrenador
La unidad la compondrán el propio Carlo Díaz, así como un funcionario de su despacho y los fiscales que tramitaron inicialmente el escándalo de presunta corrupción.
El caso policialmente conocido como Barrenador será investigado por un equipo especial en el Ministerio Público.
Así lo dispuso el fiscal general, Carlo Díaz, luego de que le fuera remitido el escándalo de presunta corrupción en virtud del nombramiento de Marta Esquivel al frente del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el 8 de enero pasado.
El propio jefe del Ministerio Público integrará la unidad, junto a un fiscal de su despacho y aquellos que tramitaron inicialmente la causa 24-000267-1218-PE en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), detalló Díaz ante una consulta de Teletica.com.
La conformación de este equipo busca evitar una división del expediente y lograr una coordinación de las diligencias que todavía se deben ejecutar en la sumaria.
Valga recordar que en este caso se investiga a Esquivel por su aparente intervención en una licitación, cuando era presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a fin de —supuestamente— favorecer a cuatro cooperativas y una asociación privada, con una compra de servicios médicos para 10 áreas de salud y 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis).
La jerarca figura como sospechosa de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.
Junto a ella figuran como imputados y por los mismos hechos a gerente general interina de esa institución, María de los Ángeles Gutiérrez; los directores María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez; así como los exdirectores Jorge Porras, Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
Esquivel, Gutiérrez, Camareno, Rojas y Gómez fueron suspendidos de sus puestos por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 10 de octubre pasado, mientras concluyen las pesquisas que se les siguen.
Una vez que esa decisión quedó en firme, el 16 de diciembre anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cesó a Esquivel de su cargo y la nombró ministra.
Al integrarse al gabinete, la abogada de profesión adquirió un fuero de protección que incluye un procedimiento especial en causas penales. Una de las características de ese trámite diferenciado es que la investigación debe ser desarrollada por la Fiscalía General.
Sin embargo, el artículo 400 del Código Procesal Penal establece que, cuando un miembro de los Supremos Poderes —como es el caso de Esquivel— sea encartada en un expediente junto a otros ciudadanos particulares, existe la posibilidad de separar al primero del resto, y desarrollar investigaciones paraleas.
Díaz optó por mantener a todos los sospechosos en una misma sumaria; una decisión que es legalmente posible, como coincidieron los abogados penalistas Francisco Campos, Mauricio Brenes y Santiago Arguedas ante consultas separadas de este medio.
Los dos últimos entienden la decisión como una medida “eficientista”, que a su vez buscar articular “una misma línea de pensamiento”. Aunque el primero de los penalistas no quiso ahondar en las razones que pudieron mediar en la determinación del fiscal general, sí mencionó que en ocasiones, cuando se divide una causa, la acusación sufre algunas debilidades.
