Por José Fernando Araya Por Yirén Altamirano 13 de noviembre de 2026, 16:57 PM

El Fiscal General, Carlo Díaz, en compañía de representantes de la Defensa Pública, la defensora de los habitantes y jueces de la ejecución de pena, así como el presidente del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, realizaron una visita sorpresa al Centro de Alta de Contención del Crimen Organizado (CACCO). 

Tras casi dos horas y media de visita a los reclusos que se encuentran en esta nueva cárcel, el Fiscal General dio a conocer los primeros hallazgos de la inspección. 

“Yo me quedé asustado de cómo me pedían ayuda tras la tortura sistemática que están viviendo. Muchos de los criados de libertad nos enseñaron los moretes en diferentes partes del cuerpo y ellos mostraron gran cantidad de moretones y señas de que cuando los raparon también les hicieron daño”, mencionó Díaz.

Por su parte, las autoridades de Justicia mostraron su molestia ante esta visita sorpresa en la nueva cárcel. 

"Al haber prensa, quiere decir que hubo una coordinación previa, pero no una coordinación con las autoridades del sistema penitenciario. Se debe tomar en cuenta, pues hay elementos de seguridad que van conexos con ese tema, pues por temas de seguridad. De 15 visitas, la señora de la Defensoría es primera vez que llega, mientras que el Fiscal es primera vez que acude a un centro penitenciario. No están visitando un kinder, seamos responsables", declaró Nils Ching Vargas, ministro de Justicia y Paz en ejercicio. 

Mientras que el comisario Pablo Bertozzi Calvo, director de la Policía Penitenciaria, insistió en esa falta de coordinación.

"Nos llama mucho la atención es que esas visitas no hayan sido coordinadas y que esto genere alteraciones a lo interno de los centros penales, ya sea movilización de autoridades penales, etc.". 

Esto provocó la reacción del fiscal general. 

“La ley orgánica, la defensoría, los habitantes nos permiten incluso venir sin avisar. Nosotros, por supuesto, no vamos a avisar, porque así fue parte incluso de la sugerencia que nos hacían las altas autoridades administrativas que se presentaron. Y nosotros, no, no tenemos que avisarle a nadie.

“No tenemos que pedirle permiso a nadie. La ley nos concede esa facultad y nosotros la vamos a ingresar”, añadió. 

Por su parte, la defensora de los habitantes, Angie Cruicksank, y un juez de ejecución de la pena de Alajuela también se pronunciaron al salir del centro penal. 

“Realmente, la información que hemos recibido tenemos que analizarla desde nuestras funciones. Y yo francamente, no quiero adelantar demasiado la valoración que vamos a hacer. Vamos a emitir un criterio, un informe que se va a hacer público, porque sin duda alguna son muchos de los temas que vimos y que tenemos que abordar”, indicó Cruichsank. 

Mientras que Mario Rodríguez, juez de ejecución de la pena, destacó que “es un inicio, es un primer acercamiento. Yo no podría referirme a sin control o sin control nada. Tenemos que esperar qué va a hacer, lo que va a presentar la fiscalía, qué es lo que va a presentar la defensa y en el despacho iremos resolviendo”.

El Ministerio Público confirmó que, tras la visita, cuenta con los nombres de funcionarios del Ministerio de Justicia como parte de la información con la que dará seguimiento a la investigación. 

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