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El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, solicitó este lunes al Tribunal de Ética de la agrupación suspender la militancia a los cuatro alcaldes verdiblancos señalados en el caso “Diamante”.

En esa lista figuran los jerarcas Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alberto Cole (Osa) y Alfredo Córdoba (San Carlos).

Al mismo tiempo, Figueres solicitó que a ellos cuatro, Mario Redondo (Cartago) y Arnoldo Barahona (Escazú) se les suspenda de manera inmediata el pago de su salario.

“Los implicados en esta investigación deben ser suspendidos inmediatamente, que no se les pague el salario, hago una convocatoria a los regidores para que de una vez tomen esa medida que el Poder Judicial tenía que haber tomado y no hizo”, dijo el candidato.

Incierto

Si bien esos seis Concejos sesionarán entre este lunes y martes, en ninguno parece que se tocará este tema, pues todo parece apuntar que las medidas cautelares definidas por el Juzgado Penal de Hacienda ya fueron apeladas por los abogados defensores.

Alexánder Cano y Juan Diego González, presidentes de los Concejos de San José y San Carlos, respectivamente, confirmaron que esas apelaciones frenaron el traslado de las notificaciones a las municipalidades, y que mientras eso no suceda, los Concejos no podrán discutir sobre la inhabilitación de los alcaldes.

Cano fue más allá y aseguró que existen amplias dudas dentro del órgano municipal de San José sobre si es de verdad competencia suya tomar esa decisión.

“Ya existe jurisprudencia y resoluciones que indican que el Concejo es un órgano de carácter político que no está por encima del alcalde, que no puede sancionarlo como no puede sancionar el alcalde al Concejo.

“Entonces una vez nos llegue esa resolución, la vamos a someter a un análisis legal porque es nuestro parecer que no somos el órgano indicado para tomar una decisión de ese tipo, pero bueno, le tocará a la Procuraduría o al Tribunal aclarar eso”, dijo Cano.

Este medio consultó al Poder Judicial si las apelaciones ya fueron formalmente presentadas, pero aún está a la espera de una respuesta.

Si las medidas fueron impugnadas las resoluciones no llegarán a los Concejos, y mientras eso no suceda no podrá iniciar la discusión sobre si procede o no suspender el pago a los funcionarios investigados, de manera que estos seguirán recibiendo su remuneración aunque no laboren.