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Eliminar la obligatoriedad de incorporación a colegios profesionales excepto el Colegio de Abogados, Colegio de Médicos y Cirujanos y en donde el ejercicio de la profesión en cuestión ponga en riesgo la salud humana, forma parte de las propuestas del candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig.

La idea forma parte de una de las propuestas del candidato incluida en su plan de gobierno, una medida que fue calificada de inviable por algunos sectores.

Feinzaig explicó que la idea apunta a que la mayoría de los colegios representan un obstáculo para el ejercicio profesional.

Como ejemplo mencionó las sanciones que existen para los profesionales que cobren menos de los que indican las tablas establecidas por los colegios, lo cual para le candidato, refleja más un interés de proteger al gremio que por el interés público.

También indicó que no hay motivo por el cual haya que mantener los clubes deportivos de estos colegios, que muchas veces reciben rubros a través de timbres.

“Las peores políticas económicas de este país a lo largo de los años fueron propuestas por economistas afiliados al Colegio de Economistas, así como también las mejores, desde la más grande estupidez hasta la mejor materia económica, porque todos están colegiados y no hay garantías”, ejemplificó.

En su lugar, el político propone que los profesionales hagan declaraciones juradas para garantizar el correcto ejercicio de la carrera.

Feinzaig admitió que esta propuesta tendrá mucha oposición, tanto de los mismos colegios profesionales como de los profesionales que están acostumbrados a estar colegiados. No miente.

De acuerdo con Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Economistas, existe clara jurisprudencia de la Sala Constitucional que define el papel social de los colegios profesionales al proteger a la sociedad del ejercicio profesional indebido.

Rodríguez defendió la existencia de estos gremios indicando que estos se aseguran de que los profesionales cumplan con los requisitos mínimos de asignaturas y créditos; además, trabajan con las universidades para que sus programas de estudios se ajusten a las necesidades del mercado.

Aunado a lo anterior, afirmó que a través de los colegios profesionales existen programas de actualización y una vigilancia por el cumplimiento de los códigos éticos.

Pagar educación privada a estudiantes con recursos del MEP

Otra propuesta en la que existen dudas sobre su implementación es la del plan piloto de "váuchers educativos", la cual según el equipo del candidato se financiaría con recursos del Ministerio de Educación Pública (MEP), aunque aún no se sabe cuál sería el monto.

En esta primera etapa se propone que los estudiantes de dos cantones por definir (uno del GAM y otro fuera de esta) puedan matricularse en centros educativos privados. El plan incluye apoyo socioafectivo para garantizar la adaptación de los estudiantes en el nuevo contexto.

Por el momento lo que se sabe es que en el 2022 se ejecutaría esa prueba por medio de una muestra conformada tanto por estudiantes en condición de pobreza como no en pobreza, de primaria y secundaria. La forma en la que se obtendrá la muestra aún no está definida.

El plan piloto se pondría en marcha en el 2023 y a partir de ahí se definiría con mayor claridad cuáles serían los estudiantes que podrían tener acceso a la medida, porque de acuerdo con el PLP, no todos tendrían la oportunidad.

Tampoco hay certeza en este momento de qué tipo de colegios privados participarían; sin embargo, indican que el centro educativo en cuestión tendría que estar anuente a recibir el estudiante por el precio que cubre el váucher y garantizar que el mismo obtendrá los conocimientos académicos deseados.

Gilbert Díaz, del Sindicato De Educadores Costarricenses (SEC), indicó que un proyecto como ese es imposible, ya que el MEP no tiene los recursos suficientes.

“Le están recortando ₡300 mil millones al Ministerio, con costos hay recursos para la educación pública como para ejecutar una idea como esa”, aseguró.

Diaz garantizó que, de llegar a plantearse el proyecto en un eventual gobierno de Feinzaig, este gozaría de la completa y total oposición del sector sindical de la educación.

“Es un pensamiento que tienen los liberales, usar el recurso público para dárselo a lo privado. Quien quiera educación privada que se la pague de sus propios recursos” finalizó.