Familia de niña entregada a su padre pese a historial de violencia demandará al Estado por daños y perjuicios

La familia materna de la menor de 10 años, cuya custodia fue otorgada a su padre por orden de un tribunal a pesar de que este tenía antecedentes de violencia, demandará a la administración de justicia por daños y perjuicios.

 Así lo informó el abogado representante, Carlos Salas.

A lo anterior se suma la acusación que interpondrán ante la Fiscalía contra el progenitor debido las agresiones que, presuntamente, ejerció contra la niña durante el fin de semana que convivieron.  

El pasado viernes 10 de mayo, el Juzgado de Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la orden del Tribunal de Familia, entregó a la niña a su progenitor, Marco Antonio Granados.

Dos días después, el domingo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron en horas de la mañana a la casa en donde estaba viviendo el sujeto con la niña, debido a denuncias interpuestas a través de la línea 9-1-1 por supuestas agresiones y llamados de auxilio.

De acuerdo con OIJ y PANI, Granados no permitió que las autoridades vieran a la niña sino hasta aproximadamente las 8 p.m. En ese momento, debido al estado de la menor, la trasladaron al Hospital de Salud Mental en Pavas, en donde permaneció internada durante 11 días y fue dada de alta este jueves 23 de mayo.

“De acuerdo con los informes que nos remiten del hospital, la niña tiene secuelas bastante graves, porque hay circunstancias que por procedimiento no le puedo mencionar, pero sí le puedo decir que hubo actos de agresión hacia la menor entre el viernes y sábado”, explicó Salas.

El abogado explicó que una jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia en compañía de un médico forense, entrevistaron a la menor y al médico psiquiatra a cargo de la niña, lo que motivó que se le entregara nuevamente la custodia provisional a Anthony Moya, el tío materno de la niña que ha estado luchando por su tutela completa desde que esta quedó huérfana de madre en agosto del 2023 y con quien había convivido la menor desde ese momento.

Un tortuoso proceso

Desde que la niña perdió a su mamá debido a leucemia, el padre de la niña acudió a las instancias judiciales para quedarse con la custodia. Pero, supuestamente, de su parte había graves antecedentes de violencia física y psicológica, tanto contra la madre como con la misma niña, incluyendo el consumo de drogas en presencia de la menor.

Sobre esto, el abogado afirma que tienen videos y fotografías que muestran al padre consumiendo drogas, así como conversaciones en donde él amenazaba de muerte a la madre de la niña y a la niña, para que le entregara la morfina que el hospital le brindaba a ella con el fin de aliviar sus síntomas por el cáncer terminal que padecía.  

Inicialmente, el PANI había solicitado que la custodia fuera para Moya (tío de la menor) pero por un tema de forma relacionado a la notificación, el Tribunal de Familia, decidió que fuese Granados y no Moya quien obtuviera la custodia.

De acuerdo con Salas, el PANI había apelado la resolución del Tribunal de Familia y solicitó al Juzgado de Niñez y Adolescencia que la entrevistara nuevamente. Al inicio la jueza lo hizo en compañía de su padre, pero al ver la manera en la que la menor interactuaba con él, decide sacarlo del recinto para continuar con la menor a solas, en donde la niña reafirma que no quería estar con papá.

El Juzgado seguidamente le solicita al Tribunal de Familia que este también volviera a escuchar a la menor, sin embargo, de acuerdo con Salas, este se reúsa, no acepta leer la minuta de la entrevista que el juzgado le había realizado a la niña y exige el cumplimiento de la orden brindada que era hacer la entrega de la menor al progenitor.

Acciones contra el Tribunal de Familia y progenitor de la niña

El abogado de la familia de la niña especificó que pedirán las medidas resarcitorias correspondientes en la demanda que presentarán ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Tribunal de Familia, por Daños y Perjuicios, equivalentes al daño psicológico ocasionados a la menor.

“Tenemos una copia del expediente del Hospital Nacional de Salud Mental, que incluye la valoración del médico, de trabajo social y de psicología. Adicional tenemos el dictamen del médico forense de Medicatura Legal que hace la indicación de cuáles fueron los daños emocionales y psicológicos que presentó la menor, producto de lo acontecido ese fin de semana. Estos elementos tenemos que pasárselos al perito actuario matemático para que él los cuantifique y haga el cálculo correspondiente, exceptuando el daño emocional que, tal como lo dice el Código Procesal Penal, es a consideración del tribunal”, aseveró.

Pero no es el único proceso que tendrá que enfrentar el Estado, ya que la niña había interpuesto un recurso de amparo que había sido acogido por la Sala Constitucional, por lo que ahora está pidiendo explicaciones a la Fiscalía General de la República, al Juzgado de Niñez y Adolescencia y específicamente al Tribunal de Familia por no haber entrevistado a la menor antes de tomar su resolución, explicó Salas.

La familia también interpondrá una denuncia penal contra Granados y otros miembros de su familia, específicamente primos mayores de edad y una tía, por los delitos de agresión física y psicológica y otra, más específicamente, contra Granados por abuso e incumplimiento de la patria potestad.

“Evidentemente, vamos a denunciar ante la Fiscalía el lunes, porque no solo fueron agresiones por parte de su progenitor, sino de parte de otros miembros de la familia de la menor”, aseveró el abogado.