Por Rodolfo González |Por Eric Corrales |17 de agosto de 2021, 21:18 PM

La exfiscala General de la República, Emilia Navas, denunció que se jubiló dos meses antes de lo planeado ya que se enteró, por cuatro magistrados, que había un plan para revocarle su nombramiento e impedir que se jubilara, todo esto como parte de una represalia contra el Ministerio Público.

Las manifestaciones las dio al programa Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica, en un programa emitido este martes por la tarde.

“Me estaban utilizando para dañar la independencia y el prestigio del Ministerio Público de Costa Rica" dijo Navas, argumentando que la idea de los ataques era afectar la imagen de la Fiscalía.

Al mismo tiempo, trascendió que la exfuncionaria presentó un informe ante la Relatoria Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, informando acerca de lo que llamó "sanciones encubiertas contra la Fiscalía General".

"No iban a permitir que me jubilara"

“Yo fui informada por cuatro personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara e iban a luchar por quitarme mi derecho de prestaciones y jubilación y que además me tenían listo para el martes siguiente traslado de cargos" aseveró en la entrevista con Interferencia.

Además durante la conversación con la periodista Hulda Miranda,  la exfuncionaria dijo que recibió "el mismo viernes una llamada telefónica del Presidente de la Corte, que no solo me instó a dejar el cargo junto con otros magistrados que dijeron que era necesario que lo hiciera sino que no iba a contar con su apoyo".

Navas aseveró que por eso decidió adelantar dos meses su jubilación pues “yo no iba a permitir que se destruya lo que en el Ministerio Público construimos en tres años y medio, no iba a permitir que se me usara para desacreditar esa tarea”

Navas se acogió a su jubilación en medio de un torbellino de críticas debido a que su esposo, Francisco Campos, es abogado defensor en varias causas penales de las cuales Navas debió inhibirse.

Una de las causas es el sonado caso Cochinilla, así como el expediente conocido mediáticamente como Aldesa.

Ponerle fin a represalias

En la entrevista con Interferencia, la exjerarca insistió en que el adelanto de su jubilación fue ponerle fin a las represalias contra el Ministerio Público.

“Porque si bien es cierto, estas represalias fueron dirigidas en contra de mi persona, hubieran sido dirigidas en contra de cualquier otra personas que venía realizando el trabajo en la lucha contra la corrupción.

“Cuando hay fiscales y fiscales que luchan contra la corrupción tanto en el sector público como privado, son víctimas de hostigamiento, injerencias indebidas en su legítimo actuar, de sanciones encubiertas y amenazas. Eso fue lo que pasó con el Ministerio Público en Costa Rica”, relató.

Navas dijo en el programa que denunció estos hechos ante la Relatoría Especial sobre la independencia de Magistrados de las Naciones Unidas (ONU) pues considera son ataques contra la independencia del Ministerio Público.

“Utilizar como motivo de esos ataques una inhibitoria de la Fiscalía General, una excusa que es algo normal en el Poder Judicial en Costa Rica y normal a nivel mundial en la función pública, es simplemente un pretexto que se utilizó para empañar la tarea que estaba haciendo la Fiscalía General y el Ministerio Público y lo adelanté precisamente porque no quería dañar la Fiscalía y los graves hechos que estaba sufriendo Costa Rica y que estaban en sus manos”, agregó.

Exfiscala investigada

Hace poco menos de un mes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de una investigación penal contra la Emilia Navas por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

La decisión se toma luego de que la Corte Plena trasladara al Ministerio Público el informe final de labores presentado por Navas, precisamente por no cumplir con los elementos de ley que exige el cargo.