Por Álvaro Sánchez |4 de agosto de 2014, 13:37 PM

La exdirectora de inteligencia en Colombia, María del Pilar Hurtado Afanador, podría estar escondida en Costa Rica.

Ella ordenó la intervención telefónica ilegal de magistrados, jueces y periodistas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Aparentemente, la mujer pagaba unos 400 dólares a los investigadores que tenían éxito en los seguimientos.

El escándalo de las “chuzadas”, como se le bautizó en Colombia al caso, se refiere a una investigación que mantiene abierta la fiscalía de ese país por interceptaciones o intervenciones telefónicas y seguimientos ilegales realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En febrero de 2009, se reveló que funcionarios del DAS grababan ilegalmente a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del estado así como a otros miembros del poder judicial.

Al igual que en Costa Rica, en Colombia las intervenciones telefónicas solo pueden ser ordenadas por un juez.

Esa entidad era dirigida por María del Pilar Hurtado Afanador, quien se encuentra prófuga de la justicia colombiana desde hace tres años.

Estuvo asilada en Panamá pero recientemente la justicia de ese país le retiró el estatus por considerar que no es una perseguida política.

Días después creció la sospecha de que está en Costa Rica de forma ilegal.

Según un reporte migratorio solicitado por Telenoticias, ni María del Pilar Hurtado ni su esposo Horacio José Arteaga reportan ingresos a nuestro país en los últimos días.

Los únicos ingresos de la exfuncionaria se remontan a junio del 2007, cuando estuvo tan solo 24 horas.

La oficina de Interpol señaló que por el momento no hay alerta roja contra esta mujer.

La fiscalía de Colombia solicitó invalidar su pasaporte la semana anterior y reactivar la captura internacional por medio de la Organización Internacional de Policia Criminal (Interpol).

Informaciones de inteligencia en nuestro país presumen, tras contacto con la policía de Panamá, que Hurtado ingresó ilegalmente por la frontera sur.

Telenoticias consultó a la cancillería costarricense si existe alguna solicitud de asilo o refugio por parte de esta mujer o su esposo pero al cierre de edición no respondieron.

Autoridades colombianas han identificado a 68 posibles responsables de los seguimientos e intervenciones telefónicas, y solo 17 de ellos han llegado a la cárcel.