En medio de ataques, personal judicial aprende cómo protegerse ante “tiradores activos”

La Corte Suprema de Justicia implementa un curso dirigido a su personal sobre autoprotección frente a un tirador activo.

Esta capacitación se da en momentos en los que el país ha sido escenario, este año, de ataques contra funcionarios judiciales y otros eventos violentos ocurridos en edificaciones institucionales.

Tales son los casos de las balaceras contra el vehículo de una jueza en Aserrí o contra la casa de un fiscal de Garabito; así como un homicidio en las afueras de los tribunales de Limón o el asalto a un oficial de seguridad de la Defensa Pública en Matina.

Sin embargo, el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, explicó en entrevista con Teletica.com que ese programa forma parte de una actualización de protocolos en la que la Comisión Enlace Corte-Organismo de Investigación Judicial (OIJ) —de la que es coordinador— trabaja desde 2021.

"Hemos venido trabajando en actualización de protocolos de actuación. Hemos venido trabajando en algo que es muy, muy importante, que tiene que ver con la formación de nuestro personal en autoprotección y en algunas otras herramientas que les que le permitan al funcionariado judicial el poder actuar de frente, por ejemplo, a un atacante en diferentes condiciones.

"Desde enero, hemos tenido una activación de un curso de autoprotección, de cuidado frente a un tirador activo", explicó el alto juez.

No obstante, las limitaciones presupuestarias y de personal han impedido que estas capacitaciones se desarrollen de una manera más pronta. De ahí que estos cursos se han guiado por “mapas de calor”, que estipulan cuáles son las zonas que representan un riesgo mayor a un incidente de este tipo.

Por ello es que en enero y febrero pasado se puso en marcha el proyecto en Limón. Precisamente, esta provincia se ha mantenido en los dos primeros lugares en cantidad de homicidios durante los últimos años, pero con una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes que rebasa ampliamente cualquier otro territorio de Costa Rica.

El plan ya se echó a andar en Goicoechea —donde se tramitan la mayoría de los casos asociados a la hacienda y la función pública— y pronto se realizará en San José —sede de la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada—.

“Nosotros esperamos que en menos de seis meses podamos tener a las casi 13.000 personas que trabajan en el Poder Judicial debidamente capacitadas”, expuso Alfaro Vargas.

De más atrás

En su conversación con este medio, Gerardo Rubén Alfaro Vargas fue enfático en que a este tema se le ha prestado atención desde años antes, aunque reconoce que los eventos recientes han obligado a acelerar el paso.

Para salir al paso de críticas planteadas por organizaciones de trabajadores del sector, el magistrado recordó que con su incorporación a la Comisión de Enlace hace tres años, se inició con un diagnóstico sobre los protocolos y los inmuebles que sirven de hogar para el Poder Judicial.

En ese sentido, insistió en que se tiene en desarrollo un plan de trabajo que contempla tres ejes: infraestructura, seguridad de los servicios ofrecidos, así como protección del personal y los usuarios.

Pero al aducir motivos de seguridad, el alto juez evitó entrar en detalles sobre las medidas o cambios que se han implementado o se pretenden incorporar.

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