Por Yahaira Piña |19 de mayo de 2017, 2:35 AM

A partir del 25 de julio las embarazadas y menores de edad tendrán que acudir al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a presentar las denuncias en caso de conflictos laborales.

¿Quedó embarazada y su patrono la despidió? ¿Le niegan su tiempo de lactancia?

¿Es menor de edad y por esa condición no le reconocen sus derechos laborales?

Casos como estos son los que a partir del 25 de julio atenderá el PANI.

Las madres o embarazadas y menores de 18 años que tengan un conflicto con su patrono tendrán que acudir a esta institución para presentar su denuncia. Así lo estable la reforma procesal laboral.

¿Pero qué representa para el PANI asumir esta nueva responsabilidad? ¿Está preparada la institución?

Según los jerarcas, requieren como mínimo contratar cuatro nuevos abogados pero necesitan la aprobación de un presupuesto extraordinario que está actualmente estancado en la Asamblea Legislativa.

Según el PANI, anualmente atienden 45.000 procesos en la vía judicial distribuidos entre 100 abogados. A esos casos se sumará la asistencia jurídica gratuita para menores y embarazadas a partir del 25 de julio.

Lo  que preocupa es que de no aprobar el presupuesto ese recurso humano será insuficiente y afectará la calidad del servicio.