El recuento del escándalo que cumple su primer año

El 14 de junio de 2021 Costa Rica despertó con el anuncio de un megaoperativo judicial: 57 allanamientos simultáneos concentrados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacionalidad de Vialidad, epicentros de un terremoto del que hoy todavía se sienten las réplicas.

Las diligencias judiciales también llegaron hasta Zapote, con la segunda histórica incursión del Ministerio Público en Casa Presidencial, las dos en la administración de Carlos Alvarado que para ese momento todavía padecía los cuestionamientos del caso UPAD.

Las primeras informaciones oficiales hablaban de 29 detenidos, incluidos funcionarios públicos y privados, estos últimos de las empresas constructoras MECO y H. Solís, las más fuertes del sector en Costa Rica e involucradas en proyectos críticos, como el de las Garantías Sociales o el tramo de Circunvalación Norte.

Poco después de las 7 a. m. de ese lunes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, ofreció a los medios de comunicación mayores detalles del caso: la maquinaria judicial perseguía a los responsables de una supuesta malversación de fondos por hasta ₡78 mil millones, una “laguna financiera” creada a partir de una profunda red de corrupción que habría facilitado diferentes proyectos de obra pública vial entre el MOPT y las constructoras privadas, y que se investigaba desde 2018.

Ese daño interno le dio nombre al caso “Cochinilla”, igual al insecto que se esconde en zonas poco visibles de las plantas y que se alimenta de manera silenciosa de estas, debilitándolas hasta provocar su muerte.

El caso provocó el congelamiento inmediato, aunque momentáneo, de todos los contratos en ejecución, incluidos los de conservación de vial. Esto último golpeó duramente el estado de las vías nacionales, un proceso que apenas este 2022 se empezó a retomar de la mano, mayoritariamente, de MECO. 

En el camino, el escándalo también provocó la renuncia de la fiscala general Emilia Navas, cuestionada por inhabilitarse del caso debido a que su esposo es abogado de uno de los imputados.

Aún no se ha nombrado a ninguna persona en propiedad en dicho cargo.

“Maraña de corrupción”

La tesis de las autoridades judiciales es que durante años, MECO y H. Solís idearon una “fórmula” para ganar la mayoría de las licitaciones de contratos de obra pública vial: ambas presentaban propuestas a diferentes precios, la primera a un costo más elevado empujando a la elección de la segunda, en un rol que variaba y que favorecía los sobreprecios.

Para que esto funcionara, tenían además el respaldo de empleados públicos que, supuestamente, recibían sobornos o regalías que incluían dinero, terrenos, bienes e incluso favores de índole sexual, todo esto a cambio de tratos especiales o ventajas sobre la competencia.

Esas ayudas incluían, también, el traslado de recursos económicos de obras en ejecución (o por ejecutarse) hacia otras de las compañías investigadas, priorizando así su realización y, por consiguiente, también su pago.

El Ministerio Público suma en su lista de imputados a 75 personas, incluidas altos jerarcas de la pasada administración, como el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, el exdirector del Conavi, Mario Rodríguez, o su exgerente financiero, Carlos Solís.

De todos, sin embargo, los únicos que descontaron prisión preventiva fueron los dueños de las constructoras Mélida Solís y Carlos Cerdas. Ellos quedaron en libertad en marzo anterior luego de pasar ocho meses en la cárcel y pagar millonarias fianzas.

Todos mantienen causas abiertas sin que la Fiscalía reporte nuevas actualizaciones sobre el caso, que se espera tarde años antes de llegar a la etapa intermedia.

Donde sí hubo conclusiones fue en la investigación legislativa, que durante meses se concentró en identificar los portillos en la institucionalidad que le abrieron las puertas a la corrupción.

En ese sentido, el informe final recomendó, entre muchas otras, la aprobación de una serie de leyes y reformas que taparan esos huecos y la inhabilitación de los funcionarios públicos, lo mismo que la instrucción a las autoridades para perseguir penal o administrativamente a los responsables.

A este momento, ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada.