Dueños de finca en Crucitas denuncian que Gobierno omitió mantenimiento de instalaciones
Fue el 14 de julio de este año que Seguridad Pública, mediante un correo, notificó al administrador de la propiedad que se retiraban por orden del Gobierno.
Los dueños de la finca donde estuvo la Policía en Crucitas de San Carlos, denuncian que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) nunca le dio mantenimiento a las instalaciones.
La salida de las autoridades de la zona favorece la llegada masiva de coligalleros.
“En los servicios faltan piezas, no hay lavamos, llaves, puertas de los baños, todo esto pasaba a ojos de la Policía”, explicó Greivin Rodríguez, administrador finca Vivoyet.
Los administradores de la finca en donde la empresa Industrias Infinito pretendía extraer oro, denuncian lo que consideran una serie incumplimientos en el mantenimiento de las instalaciones por parte del MSP.
La Policía ocupó parte del inmueble desde el 2017 debido a la invasión de coligalleros que en su mayoría llegaron desde Nicaragua para extraer oro de forma ilegal.
Sin embargo, el 14 de julio de este año Seguridad Pública, mediante un correo, notificó al administrador de la propiedad que se retiraban por orden del Gobierno.
El 17 de ese mes, el ministro Mario Zamora explicó en un comunicado, que los actuales dueños de la finca Vivoyet ya no facilitarán las instalaciones a la Fuerza Pública, situación que descarta el administrador del inmueble.
“Nos enviaron un correo que por orden presidencial iban a retirar la presencia policial del campamento Crucitas, no se fueron porque tuvieran diferencias con nosotros”, agregó Rodríguez.
En un informe de 46 páginas firmado por el subintendente Yeison González Anchía de la Policía de Fronteras de Los Chiles, el ministerio justifica que el 80% de las instalaciones presentan daños debido a un incendio provocado por coligalleros en el 2017.
“En ese momento dormían los policías, pero por una imprudencia policial la cual nosotros advertimos una semana antes que se iba a dar, ellos no tomaron en cuenta las advertencias, ingresaron al pantano donde había mil y resto de obreros ilegales, 10 policiales ingresaron y ahí se vino la invasión orera al campamento donde quemaron las instalaciones”, explicó el administrador.
El retiro de la Policía provocó que, de nuevo, centenares de mineros ilegales nicaragüenses y costarricenses tomen la finca en donde extraen oro y provocan daño ambiental.
Una de las preocupaciones es que muy cerca de las zonas de extracción hay una laguna contaminada con mercurio.
Telenoticias consultó al Ministerio de Seguridad por las denuncias que hace la administración de la finca Vivoyet sin que hasta el momento algún jerarca o funcionario se haya referido al tema.