Dos procesos contra Celso Gamboa sufren cambios

La situación jurídica de Celso Gamboa continúa su rumbo al esclarecimiento. En ese camino, dos de los procesos penales que se siguen contra el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública sufrieron modificaciones.

El primero de esos cambios tiene que ver con la celebración de la audiencia preliminar —en la que se decide si un caso va o no a juicio— del expediente 18-000075-0033-PE. La misma estaba programada para este martes, pero un “choque de agendas” obligó a postergarla para el 25 de noviembre próximo, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante consulta de Teletica.com.

Valga recordar que en esa causa se persigue un aparente tráfico de influencias. Los hechos presuntamente se dieron 10 de abril de 2018 y tienen que ver con un aparente pedido que hizo el exministro a los entonces diputados Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, para que faltaran a la sesión legislativa de ese día, en la que se iba a votar la destitución del también exfiscal. Además, supuestamente le solicitó a las también congresistas Marlene Madrigal y Nidia Jiménez que reconsideraran sus votos y que se inclinaran en contra de su cese del cargo.

La otra variante se relaciona con el expediente 19-000218-0622-TP y tiene que ver con la sede en la que el Tribunal Penal del Cartago celebrará el debate. Ahora, el contradictorio tendrá lugar en una de las salas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José, el mismo 25 de setiembre.

Este medio procuró conocer las razones del cambio, pero el departamento de comunicaciones del Poder Judicial indicó que las mismas no se podían detallar por motivos de seguridad.

En esa sumaria se persigue una aparente falsedad ideológica. La misma se deriva de la presunta emisión de un documento falso por parte del exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, que Gamboa supuestamente usó para ausentarse de una diligencia judicial.

Otros expedientes

Celso Gamboa actualmente descuenta detención provisional desde el 23 de junio pasado, en el marco de un proceso de extradición iniciado por Estados Unidos por aparente tráfico internacional de drogas. Esa solicitud se discute en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

Sin embargo, esa gestión se tramita de forma paralela a las anteriormente citadas, al igual que del caso más escandaloso que se siguió contra exjerarca a nivel nacional, y que marcó un antes y un después en su carrera como funcionario público.

Este tiene que ver los asuntos que se conocen bajo la causa 17-000015-033-PE, en la que se acusaron los presuntos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio.

Los hechos fueron precisamente los mismos que dieron pie a su destitución y se relacionan con un viaje a Panamá que este, supuestamente, recibió como dádiva.

Según la Unidad Especializada de la Fiscalía General, el boleto y hospedaje del exmagistrado del 9 al 10 de octubre de 2016 fue pagado por la empresa importadora de cemento, Grupo JCB.

El Ministerio Público sostiene que, a cambio, el exmagistrado evitó inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en la sumaria 15-000022-0033-PE, que se seguía contra los exlegisladores Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como al empresario Juan Carlos Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

Los gastos del viaje de Gamboa presuntamente fueron pagados por un primo de Bolaños, de apellido Rojas, quien a su vez fungía como gerente general de su grupo económico.

Pero el caso además refiere a un hecho ocurrido el 18 de abril de 2017, cuando se cree que Gamboa, como integrante de la Sala de Casación Penal, dirigió y acompañó al empresario hasta un área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Una vez en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se le brindara una constancia de que no existían causas abiertas en su contra; gestión que fue realizada y, a criterio del Ministerio Público, el actuar del entonces magistrado dio una ventaja indebida al empresario.

La pieza acusatoria apunta que el 24 de octubre de 2017, el exministro compareció ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa y, supuestamente, faltó a la verdad pese a que estaba bajo juramento. Una de las aparentes mentiras tenía que ver con la forma en la que obtuvo su viaje y hospedaje en Panamá, así como sobre sus contactos con Bolaños.

Por este caso, tanto el exfiscal como el empresario enfrentaran un debate del 5 al 30 de enero de 2026.

Valga recordar que, en virtud de este y los otros procesos, el Tribunal Penal de San José puede diferir la entrega de Gamboa a Estados Unidos hasta que se resuelvan las causas pendientes en Costa Rica, o bien trasladarlo temporalmente para que afronte la justicia en ese país y, posteriormente, la local.