¿Dónde están y cuáles son las bandas más peligrosas del país?

Costa Rica enfrenta una creciente amenaza debido a la actividad de grupos delictivos y cárteles internacionales que operan en diversas regiones del país. 

Informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública estiman que alrededor de 300 bandas criminales están activas en el territorio nacional, con un impacto significativo en la seguridad ciudadana. 

La violencia generada por estas organizaciones ha alcanzado niveles sin precedentes, reflejados en el aumento de homicidios (este año se contabilizan más de 232), enfrentamientos armados y expansión territorial de las agrupaciones mencionadas.

Las zonas más peligrosas y la disputa territorial

Rándall Zúñiga, director del OIJ, describe la situación como una lucha constante entre grupos criminales por el control del territorio y las actividades ilícitas.

“Las personas que integran los diferentes grupos criminales, al verse asediadas por un grupo rival o inclusive por la Policía, tratan de repeler el ataque como tal. Ellos todos los días se están enfrentando, están en una disputa territorial, luchando por el control del negocio”, indicó Zúñiga.

Según el jefe policial, las bandas más peligrosas han sido golpeadas por las autoridades y muchos de sus cabecillas están en prisión. No obstante, esto no ha detenido la violencia.

“En la provincia de Limón, en su momento, eran la banda de 'La H', la de 'Peña Rusell', la del 'Valle de la Estrella' y la de alias 'Diablo' (Alejandro Arias Monge, el narco más buscado del país), las que han logrado expandir su capacidad territorial no solo en Limón, sino ubicarse en otras partes del país, lo que ha aumentado los conflictos de control territorial internos de Costa Rica y nos tiene con este aumento de homicidios”, explicó Zúñiga.

El conflicto también se ha trasladado a otras zonas del país.

“Los barrios del sur de San José son los más calientes, así como los del norte de San José, como Guadalupe. Este último se debe a la captura del cabecilla alias ‘Sobrino’, lo que ha generado que bandas de León XIII estén tratando de apoderarse de los territorios que controlaba este grupo criminal. 

“Puntarenas centro tiene 10 bandas fraccionadas que están disputándose todo el control territorial, incluyendo la zona de Barranca, El Roble, Fray Casiano, 20 de Noviembre y Puntarenas centro”, agregó el jerarca.

Zúñiga también señaló que hay una expansión de la violencia hacia zonas donde anteriormente no se registraban altos niveles de criminalidad.

“En la parte de Parrita, Quepos y Jacó hay otra situación importante de criminalidad, así como en Guanacaste, principalmente en Santa Cruz y Nicoya, que generan violencia. También hay situaciones nuevas en las provincias de Heredia y Alajuela, que antes no tenían tanta criminalidad, y algunas partes de los anillos en Cartago, como el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y Llanos de Santa Lucía, en el límite de Paraíso”, manifestó el director de la Policía Judicial.

La respuesta de la Fiscalía

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que las autoridades cuentan con un sistema que permite identificar y priorizar el trabajo contra las bandas criminales.

“El OIJ cuenta con un sistema que le permite identificar a las bandas criminales que se han detectado en las diferentes zonas. Nosotros constantemente también nos reunimos con el OIJ y periódicamente estamos al tanto de estas organizaciones criminales”, declaró Díaz.

Este sistema informático ayuda a priorizar los grupos más peligrosos con base en factores como su nivel de violencia.

 “Generalmente, se trabajan las de Limón, que han sido históricamente las más violentas y que tienen una mayor expansión a nivel nacional. También se está trabajando actualmente con Puntarenas, debido a un incremento reciente en la violencia y, recientemente, en San José, especialmente en la parte sur y en Alajuelita”, precisó el fiscal general.

Díaz también destacó que las bandas de la zona Atlántica han migrado a otras partes del país. “En el resto del país sí ha habido una influencia de estas organizaciones criminales, aunque no tanto en San José centro o la Gran Área Metropolitana (GAM), donde ya existen otras bandas con control sobre esos territorios”, afirmó.

Un panorama cambiante

Las zonas de mayor criminalidad fluctúan con el tiempo. “Hace año y medio teníamos una criminalidad muy fuerte en Batán. En el 2023 cerramos con 51 homicidios en este cantón de Matina, es decir, prácticamente un homicidio por semana. En el caso de Limón, como cantón, teníamos 100 homicidios, pero tras intervenciones del OIJ, se logró reducir esta cifra”, indicó Zúñiga.

Actualmente, el foco de violencia se ha trasladado a los barrios del sur y norte de San José, donde la captura de cabecillas ha desatado nuevas disputas. En Puntarenas, la fragmentación de bandas ha generado un ambiente de constante inestabilidad, mientras que Guanacaste también presenta problemas en Santa Cruz y Nicoya. Asimismo, zonas como Heredia y Alajuela, que antes no tenían altos niveles de criminalidad, han visto un incremento en la actividad delictiva.

El crecimiento de la violencia y la presencia de estas bandas han generado preocupación en la ciudadanía, afectando la percepción de seguridad y el desarrollo económico en algunas regiones. Comerciantes y habitantes de las zonas más afectadas denuncian que viven con temor debido a las constantes disputas entre grupos criminales.

Las autoridades han implementado operativos para desarticular estas organizaciones, pero el fenómeno sigue evolucionando.

“El problema es que cuando logramos desarticular una banda, surgen nuevas estructuras criminales que intentan ocupar su lugar. Es una lucha constante”, señaló Zúñiga.

Para combatir esta problemática, se han anunciado estrategias para fortalecer la seguridad y mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales. Sin embargo, los expertos advierten que sin una intervención social profunda y políticas de prevención del delito, el problema seguirá creciendo.

El desafío para Costa Rica no solo radica en contener la violencia, sino en atacar las causas estructurales del crimen organizado.

La falta de oportunidades, el desempleo juvenil y la penetración del narcotráfico en comunidades vulnerables son factores que continúan alimentando este problema. Mientras tanto, las autoridades continúan su lucha contra estas bandas que han puesto en jaque la seguridad del país.