Diputados dan luz verde a reforma al empleo público con exclusiones a poderes de la República

Los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad dieron esta mañana luz verde a la reforma al empleo público con la exclusión, casi total, de los poderes de la República y los entes públicos con autonomía a la rectoría del Mideplan.

Por lo tanto, deja también fuera de esa rectoría a las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades. 

Esa fue la solución que los legisladores dieron a los problemas planteados por los magistrados al proyecto votado en primer debate y que ahora volverá al Plenario para tratar de convertirse en ley.

La moción del texto sustitutivo aprobada hoy por mayoría mantiene que la rectoría del empleo público será del Ministerio de Planificación, con la excepción de todas esas entidades.

Esto significa que las competencias del Mideplan no tocarán a estos funcionarios, incluidas las directrices que emitan, las evaluaciones de desempeño, la definición de familias de puestos, remuneración o procesos sancionatorios o de despido.

Precisamente los magistrados habían señalado que esa injerencia, propiamente para el Poder Judicial, violentaba el principio de división de poderes y la independencia judicial, lo que fue extrapolado por los diputados para los demás poderes y entes autónomos.

“En apego a la resolución y según lo posible constitucionalmente es que hemos presentado esta moción porque es la que acerca el texto posible del empleo público.

“La pretensión original era mucho más amplia, pero a la luz de un estado de derecho que se apega a los controles constitucionales este es la ley de empleo público posible”, dijo la oficialista Laura Guido.

Según Guido, incluso con los cambios propuestos la futura ley representaría un ahorro de 0,77% del PIB por año.

En contra

El único diputado que no apoyó los cambios presentados fue el socialcristiano Pedro Muñoz, quien no solo votó en contra de la moción, sino que incluso la apeló alegando vicios de procedimiento.

La tesis de Muñoz es que la comisión se extralimitó en sus funciones al corregir efectos indirectos del fallo de la Sala Constitucional, específicamente en temas no consultados como el de la Asamblea Legislativa.

"Cualquier referencia a la autonomía de la Asamblea Legislativa son efectos indirectos y aquí queremos arreglarlos como si fueran directos, el dictamen de Servicios Técnicos es clarísimo en que esta comisión está extralimitando sus facultades. Dejo planteado el vicio en este momento, si ustedes no quieren hacer caso es cosa de ustedes", dijo.

El legislador criticó además las exclusiones que se incluyeron en el apartado de remuneraciones, asegurando que al dejar por fuera a los entes autónomos o los demás poderes cualquiera podría superar el salario máximo dispuesto que es el del Presidente de la República.

"Lo que estamos aquí es permitiendo que cada uno de estos entes excluidos puedan hacer lo que les dé la gana, que cada uno de estos ponga un salario más alto que el del Presidente y que este si quiere también se ponga uno más alto, vamos a tener un Presidente más caro, no estamos disminuyendo las diferencias salariales.

"Este proyecto le va a salir carísimo a los costarricenses", aseveró.

Muñoz incluso afirmó que si consigue las 10 firmas necesarias enviará el texto, nuevamente, a consulta de la Sala IV.