Diputada entre víctimas de banda que robaba objetos de carros con inhibidores de señal
La Fiscalía ejecuta allanamientos en Alajuelita contra grupo sospechoso de estafa informática y robo en parqueos de centros comerciales y restaurantes.
La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia dirige desde la madrugada de este martes cuatro allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Alajuelita, San José, como parte de una investigación por presunta estafa informática contra una organización criminal que operaba en distintas zonas del país.
Las diligencias buscan la captura de seis personas, así como el decomiso de equipos electrónicos y otros indicios relevantes para el expediente 25-007962-0059-PE, en el que figuran, hasta ahora, al menos ocho personas afectadas. Así lo confirmó el comunicado emitido por este órgano judicial.
Los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre del 2025. Entre las personas afectadas se encuentra una diputada de apellido Acuña, quien hizo público su caso en octubre pasado, cuando denunció el robo de sus pertenencias durante una gira de trabajo en la provincia de Limón.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos actuaban principalmente en estacionamientos de centros comerciales, supermercados y restaurantes, tanto en San José como en Limón. El grupo identificaba vehículos cuyos ocupantes utilizaban control remoto para cerrar las puertas.
En apariencia, los imputados empleaban un dispositivo conocido como inhibidor de frecuencia, el cual bloqueaba la señal del control, impidiendo que el cierre centralizado se activara. Esto facilitaba el acceso a los automóviles sin que las víctimas lo notaran.
Una vez dentro, los sospechosos sustraían artículos de valor como celulares, computadoras portátiles y billeteras. Si encontraban tarjetas bancarias, se hacían pasar por los propietarios para realizar compras en comercios o efectuar retiros en cajeros automáticos.
Según datos preliminares, la banda habría logrado realizar transacciones por aproximadamente ₡3.500.000 y $5.000, además de un retiro específico de ₡645.000 en efectivo.
Las autoridades continúan con el operativo y no se descarta que surjan más víctimas conforme avance el proceso judicial.

