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La creación de una mesa de diálogo multisectorial anunciada el domingo por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, recibió este lunes sus primeros cuestionamientos. 

Empresarios, sindicatos y diputados criticaron la conformación de esa mesa y la escasa -o nula- representación que algunos sectores tendrán en esa proceso.

"El anuncio del Gobierno va en la línea que nos hemos manifestado como cámara, así debe ser, en lo que no estamos de acuerdo es en la conformación de la misma.

"Como generadores del 85% del empleo de este país consideramos que debemos tener mucha mayor representación para que exista un real compromiso de reducción del gasto público", aseguró Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

La CCCR será una de cuatro voces del sector empresarial que estarán en esa mesa. Se invitará además a la Uccaep, Cadexco y otras cámaras para que elijan a sus representantes.

En total la mesa estará conformada por 29 personas: los ministros de Hacienda, Planificación, Desarrollo Humano (IMAS) y Trabajo en representación del Gobierno y 25 integrantes del sector social.

Estos serán los cuatro miembros del sector empresarial, cuatro sindicatos, cuatro representantes del cooperativismo, dos del solidarista, uno del sector comunal, dos productores agrícolas, dos organizaciones de mujeres, las iglesias Católica y Evangélica, un representante de las universidades públicas, uno de las agencias de desarrollo y dos de las municipalidades.

"Están invitando a la participación a una mesa de diálogo donde se le da una participación muy reducida a los trabajadores y además se establece una metodología que es para excluir a algunos sectores que podría estar en esa mesa", dijo Wálter Quesada, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Gilberto Cascante, del sindicato de educadores de ANDE, aseguró a su vez que el jueves, posterior a una reunión con el presidente Alvarado, ese grupo decidirá si participa o no de la negociación.

Los diputados no estarán en esa mesa de diálogo sino que se ubicarán en una sala anexa donde podrán seguir la reunión pero no participar ni votar de esta.

Únicamente podrán intervenir para responder a inquietudes que pueda tener la reunión con algún aspecto referente al quehacer legislativo.

"Hemos sido siempre muy enfáticos en que lo que ha golpeado a este Gobierno es que nunca ha habido una buena comunicación y pensamos que aunque esto viene tarde, lo vemos con buenos ojos, el Estado de la Nación va a ser un buen moderador y esperamos que de ahí salgan las propuestas correctas”, dijo Xiomara Rodríguez, diputada y jefa de fracción de Restauración Nacional.

Shirley Díaz, cojefa del PUSC, aseguró que la fracción socialcristiana está comprometida con "un diálogo abierto y transparente" y defenderá que esa discusión "sea pública y transparente" a la ciudadanía.

Sin embargo, cuestionó en su calidad de diputada que los sectores que actualmente se manifiestan en las calles del país, en un movimiento que ya suma 13 días, no estén invitados a este proceso.

La mesa de diálogo, que sesionará durante cuatro semanas, deberá aportar soluciones para conseguir una mejora permanente de 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB).

Además deberá aportar posibles soluciones al creciente desempleo y la reactivación económica.

Los acuerdos que de ahí salgan se aprobarán por votación de los 29 integrantes mediante mayoría simple (mitad más uno).

El Ejecutivo se comprometió a respetar las decisiones que de ese foro se emitan.