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La Sala de Casación Penal desestimó la causa de prevaricato contra el diputado oficialista Welmer Ramos por un caso vinculado con la entidad financiera BAC Credomatic.

La denuncia se remonta a 2015, cuando Ramos era ministro de Economía en la administración de Luis Guillermo Solís.

A él se le acusaba de favorecer a Credomatic por la anulación de la sanción de ₡12 mil millones que le impuso la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) por supuestas prácticas monopólicas.

La tesis de los denunciantes es que Ramos se excedió en sus funciones, pues al tratarse la Coprocom de un órgano administrativo de desconcentración máxima, no estaba subordinado al MEIC y, por ende, a Ramos.

La Sala, sin embargo, aclaró que esto no es siempre cierto.

“(…) es un órgano administrativo de desconcentración máxima, mas no absoluta, lo que implica que los aspectos de la actividad y competencia que no estén comprendidos en la desconcentración, siempre están sometidos jerárquicamente a su superior, que en este caso es el ministro del MEIC”, dice la resolución.

“… esta Sala de Casación Penal determina que la actuación del aquí investigado Welmer Ramos González se dio dentro del marco de legalidad y constitucionalidad correspondiente, sin que exista una conducta delictiva que imputar”, añadió.

Ramos defendió que su accionar estaba respaldado por la Procuraduría General, que advirtió que el proceso contra Credomatic estaba plagado de vicios y que podría derivar en una millonaria contrademanda para el Estado.

“Esto viene a despejar cualquier duda sobre mi actuación como ministro, que estuvo siempre fundamentada y guiada por los criterios de la Procuraduría General de la República.

“Mi paso por la función pública, antes como ministro y ahora como diputado, siempre ha estado orientado en mejorar las condiciones de nuestra ciudadanía (…) Siempre trabajaré con todas mis fuerzas por construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria”, señaló el legislador.