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Las denuncias por robo de combustible en el país pasaron de 27 en el año 2017 a 313 en lo que va de este 2019.

Así lo aseguró el director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, ante los diputados de la Comisión Especial de Ambiente que analizan el proyecto de ley sobre el apoderamiento de hidrocarburos, que busca sancionar y endurecer las penas contra este delito.

Espinoza explicó que en los últimos tres años se detectaron en el país 406 tomas ilegales y la sustracción de 13.000 m3 de combustible. Estas cifras representan una pérdida de alrededor de ₡7.000 millones para el Estado.

“El OIJ ve con buenos ojos este proyecto porque actualmente todos estos casos los investigamos a partir de tipos penales que ya existen, esencialmente los relativos a robos, pero en el proceso con el Ministerio Público encontramos vacíos o lagunas de punibilidad que nos impide ser más efectivos o más eficientes y alcanzar el cometido final que esencialmente tiene que ver con la determinación de responsabilidad de las personas”, explicó.

Espinoza detalló a manera de ejemplo que este tipo de conductas no permiten ejecutar acciones de investigación diferentes a las tradicionales, pero que la calificación de crimen organizado les permitiría eliminar esas restricciones y atacar mejor el problema.

Muy altas

El proyecto de ley establece penas de entre 8 y 15 años a quienes dañen o alteren un poliducto con la finalidad de extraer hidrocarburos, lo mismo a quien lo robe, trasiegue o almacene.

La fiscala general Emilia Navas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, coincidieron ante los diputados en que estas penas son desproporcionadas y deberían revisarse.

“Tiene que haber una diferencia entre todas las conductas, porque no puedo sancionar igual al que financie como al que transporte o tenga almacenado en una bodega. Tiene que haber una diferencia aunque pertenezcan las personas a un mismo grupo criminal o colaboren en diferentes maneras”, dijo Navas.

“Después de estar muchos años en lo penal tengo mucha desconfianza en los castigos, eso no significa que para lo más grave siempre deba haber un castigo, pero la visión en un estado social debe ser siempre muy diversa y plantearse bien qué bien jurídico estamos tutelando aquí como para poner una pena muy alta. Siempre existe el imponderable de que un castigo no haga cambiar a la persona”, afirmó a su vez Cruz.

El trámite del proyecto continuará en la comisión en busca de un dictamen afirmativo que le permita al proyecto pasar al plenario legislativo.