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El exdiputado Otto Guevara presentó una denuncia penal contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, y los directivos del Consejo Nacional de Producción (CNP) por los presuntos delitos de malversación de fondos, corrupción agravada y peculado.

La denuncia se sustenta en los supuestos sobreprecios con los que el Consejo vende a los comedores escolares, como parte de la ley que hace obligatorio el abastecimiento de estos a través del CNP, que hoy se cuestiona en sede legislativa.

La denuncia incluye, además del mandatario y la junta directiva del Consejo, al expresidente del CNP, Rogis Bermúdez.

“Me impresionó una declaración que dijo el Presidente que a ellos no les importaba pagar más porque pagando más estaban dándole más recursos a estos productores para que ellos pudieran sobrevivir (…)

“Cuando ellos deciden utilizar los fondos públicos para poder, por razones ideológicas, hacerles transferencias a cierta gente, me doy cuenta que estas personas están violentando la ley y que podría calificar como una malversación de fondos, peculado, corrupción agravada, apología del delito…”, dijo Guevara.

Según el hoy candidato a diputado, la ley no faculta a nadie a regalar fondos públicos y reconocerlo, como él asegura hizo Alvarado, es una apología del delito.

El CNP ha sido objeto de todo tipo de críticas en las últimas semanas debido a los señalamientos por esos supuestos sobreprecios con los que vende a comedores escolares y otras instituciones del Estado, amparado precisamente en la exclusividad que le otorga la ley.

La junta directiva actual defendió que esos señalamientos son acusaciones “infundadas y temerarias” de la prensa y que en ningún momento se está valorando el valor añadido que el Consejo da a los comedores y productores.

Además, cuestionó que no hay datos de cuánto pagan escuelas a proveedores privados para tener un punto de comparación.

Precisamente, los diputados están a las puertas de dictaminar un expediente que eliminaría esa obligación legal de abastarse con el CNP y abriría ese mercado a la competencia, con el fin de garantizar el mejor precio.

Esa decisión, sin embargo, ha sido ampliamente debatida por diputados oficialistas y pequeños productores que han cuestionado que dejarán de recibir esa ayuda en beneficio de grandes corporaciones privadas que terminarán de acaparar los mercados.

Se intentó conocer la versión del Gobierno ante la denuncia planteada; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.