Defensoría: Pagos de licencias de cuido pueden suspenderse en noviembre por falta de recursos
La entidad pidió a la CCSS y a DESAF presentar un plan para garantizar los subsidios de noviembre y diciembre. El dinero disponible es inferior al gasto mensual promedio del programa.
Las personas trabajadoras que cuidan a pacientes en fase terminal o a menores de edad con enfermedades graves enfrentan el riesgo de quedarse sin los subsidios que reciben durante sus licencias.
Así lo confirmó la Defensoría de los Habitantes, institución que también advirtió que los pagos podrían interrumpirse a partir de noviembre por falta de recursos y solicitó explicaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).
Según los datos suministrados por la CCSS, al 8 de octubre el programa disponía de ₡375,9 millones. Sin embargo, su gasto mensual promedio asciende a ₡401,3 millones. Esta diferencia evidencia un riesgo de insuficiencia presupuestaria para cubrir los pagos de noviembre y diciembre de 2026.
La Defensoría señaló que la situación se conoce desde principios de año. En enero de 2026, la CCSS ya había advertido sobre la necesidad de reforzar el presupuesto. Además, en julio pasado, la Presidencia Ejecutiva de la institución identificó un posible faltante de entre ₡155 millones y ₡991 millones, según la demanda de subsidios.
Trámites pendientes retrasan una solución
El proceso para conseguir los recursos adicionales permanece sin una solución concreta. DESAF indicó que necesita información financiera y administrativa de la CCSS para valorar un eventual refuerzo presupuestario.
Entre los documentos pendientes figuran la liquidación financiera de 2025, los informes de 2026, los datos de cobertura y varias aclaraciones contables. La CCSS reconoció el 12 de octubre que todavía no tiene una fecha definida para entregar toda la información.
La institución atribuyó el atraso a dificultades con los cierres contables y el sistema ERP-SAP.
Ante este panorama, la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, pidió mayor coordinación entre ambas entidades.
“Las dificultades administrativas no deben poner en riesgo el bienestar de las familias que dependen de estas licencias. Es momento de fortalecer el diálogo y construir soluciones conjuntas que garanticen la continuidad de este apoyo”, manifestó.
Familias pueden enfrentar dificultades económicas
Los subsidios establecidos en la Ley N.º 7756 permiten que las personas cuidadoras mantengan un ingreso durante el periodo de licencia reconocido por ley.
Una interrupción o un atraso en los pagos podría afectar la economía de los hogares y la atención de las personas enfermas. La Defensoría advirtió sobre las posibles consecuencias para derechos fundamentales, como la dignidad humana, la salud, la protección social y la vida familiar. También señaló el impacto que tendría en el interés superior de las personas menores de edad.
La institución recordó que en 2025 ya ocurrió una suspensión temporal del beneficio por falta de recursos. Por eso, busca evitar que se repita ese escenario.
Defensoría exige un plan para garantizar los pagos
La Defensoría solicitó a la CCSS y a DESAF un informe conjunto con medidas concretas para resolver el problema. Entre los puntos requeridos destacan el plan inmediato para garantizar los pagos de noviembre y diciembre; el monto actualizado del faltante presupuestario y las fuentes de financiamiento disponibles y el estado de los subsidios aprobados que todavía están pendientes de pago.
Además, que especifiquen las medidas para completar la información financiera y mejorar la rendición de cuentas entre ambas instituciones, el protocolo previsto en caso de que los recursos se agoten antes de aprobar un refuerzo presupuestario y los mecanismos de coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.
La Defensoría pidió aclarar si las instituciones activaron el mecanismo del artículo 10 de la Ley N.º 7756, reformado mediante la Ley N.º 10.846, en marzo de 2026. Esta disposición permite incorporar recursos adicionales al Presupuesto de la República mediante una transferencia a la CCSS.
Insistió en que las dificultades administrativas y contables no deben dejar desprotegidas a las familias beneficiarias. La institución espera que las autoridades presenten una solución verificable antes de que la falta de recursos afecte la continuidad de los subsidios.
