Defensoría alerta por falta de intérpretes de LESCO en instituciones públicas
Solo el 15,94% de las instituciones evaluadas contrató intérpretes certificados, según datos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
La falta de intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) dificulta el acceso de personas sordas a servicios de salud y otras instituciones públicas, según una investigación de la Defensoría de los Habitantes.
El caso surgió tras una denuncia que señaló que, en 2024, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) dejó de brindar interpretación por videollamada por falta de presupuesto. También se denunció que instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS) solicitaban a pacientes sordos acudir a citas médicas con su propio intérprete.
En marzo de 2025 se sumó otra denuncia relacionada con el Área de Salud de Coronado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según lo señalado, una queja presentada ante la Contraloría de Servicios permaneció durante meses sin respuesta ni medidas correctivas.
El Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) apunta que, de 69 entidades evaluadas, solo el 15,94% contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59% contaba con personal capacitado de manera permanente.
Sin embargo, la investigación también encontró avances. Por ejemplo, el Instituto de Seguros brindó 36 atenciones con interpretación en 2025 y capacitó a 30 funcionarios en LESCO.
El Consejo de Personas con Discapacidad mantiene tres licitaciones activas, mientras la Caja de Seguro Social reconoció que cuenta con personal con conocimientos de LESCO, pero no con intérpretes certificados.
"La accesibilidad no puede depender de que las personas usuarias sordas lleven sus propios intérpretes para recibir atención del Estado. Las recomendaciones de la Defensoría buscan fortalecer servicios públicos accesibles, oportunos y respetuosos de sus derechos", señaló la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
A partir de esos resultados, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa recomendó garantizar recursos permanentes para contratar intérpretes, fortalecer su formación y certificación, así como establecer que este apoyo no puede ser discrecional.
Puntualmente, a la Caja de Seguro Social le solicitó desarrollar un modelo que garantice intérpretes profesionales y evaluar alternativas de interpretación remota.
