Datos de criminalidad del país obligan a autoridades a replantear sus estrategias
El último Informe del Estado de la Nación pone en evidencia cómo los organismos de seguridad han modificado la atención de la criminalidad

En el país, según los datos presentados en el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, “la mayoría de las víctimas de homicidios son hombres jóvenes y costarricenses”.
Además el informe destaca la influencia del crimen organizado, en un país en el que durante el 2013 el 60% de los homicidios ocurrieron con un arma de fuego.
Estas incidencias reflejan el trabajo que realizan la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tanto así que el informe destaca en uno de sus apartados que las “políticas públicas de seguridad ciudadana y paz social modifican tendencias”.
Michael Soto, Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, explicó que se da un trabajo de coordinación con otros cuerpos policiales y Fuerza Pública “para generar presencia en las calles”.
Por su parte, Juan José Andrade, director General de la Fuerza Pública, señaló que el trabajo interinstitucional que se ha generado en los últimos años ha permitido el desarrollo de “habilidades que se suman para tener un marco de contención” del delito.
Mientras Fuerza Pública realiza una labor en la contención del número de armas ilegales en la calle, desde el OIJ se trabaja en la desarticulación de bandas criminales, en la búsqueda de la disminución de las muertes en el país.
Tarea pendiente
En el 2013 se presentaron en Costa Rica 8,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, misma cifra que en el 2012, y según los datos del OIJ, al final de este año la cifra rondará esa métrica.
El OIJ maneja que hasta el 30 de setiembre, 285 personas habían fallecido a mano de otra, siendo setiembre el mes más violento con 47 homicidios.
“Se ha realizado un trabajo de ir analizando los móviles y realizando un estudio criminológico y sociológico de estas muertes”, acotó Soto, al explicar las diferencias en la proporción de crímenes que se dan en los cantones más violentos del país.
El funcionario del OIJ utiliza el ejemplo del cantón central de Limón, que según el Estado de la Nación fue uno de los más sangrientos en el 2013.
Al 30 de setiembre del 2014, la tasa de homicidios había disminuido en un 6%, mientras que en Desamparados se había disparado, colocando al cantón josefino en la lista que no aparecía un año atrás.
Soto recordó que el año pasado, y en menor medida durante este 2014, en Limón se ha presentado una guerra de bandas que trafican marihuana desde Jamaica.
Por su parte, en Desamparados, el vacío de poder que dejó la captura de El Indio, ha creado un aumento en la violencia ligada al crimen organizado, que también va de la mano con la presencia de armas ilegales en las manos de estas estructuras delictivas.
“Hay un aumento en las muertes ligadas al crimen organizado, en especial en los círculos de confianza” de los grupos, explicó Andrade de Fuerza Pública.
Esto queda demostrado en el crecimiento en los asesinatos por venganza, que tuvieron una alza del 55% entre el 2003 y el 2010.
Además, el Estado de la Nación destaca la cifra de armas legales e ilegales en las calles costarricenses, mientras que el OIJ detalla que a la fecha un 69% de los homicios son perpetrados con un arma de fuego.
Datos del Ministerio de Seguridad Pública hablan de al menos 200.000 armas registradas y el Estado de la Nación explica que puede haber la misma cifra de armamento ilegal en manos de la población.
Entre enero y agosto de este año, Fuerza Pública ha logrado el decomiso de 1.282 armas ilegales.
Estas medidas de control y los operativos del OIJ son parte de un proceso que ocupa una contraparte institucional, tal y como lo comentaron Andrade y Soto.
Ambos recalcaron la necesidad de que sus labores sean acompañadas por un esfuerzo del Ministerio Público para poder sacar de las calles a los criminales.
“También hay que trabajar en la prevención y la formación ciudadana”, finalizó apuntando Andrade, sobre una lucha diaria para mejorar este aspecto de la seguridad ciudadana.
