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En las últimas horas el Consejo de Transporte Público (CTP) solicitó a las 26 empresas autobuseras de la zona fronteriza con Nicaragua que los choferes verificaran si los pasajeros extranjeros eran legales para poder usar el servicio.

Sin embargo, esta medida fue dejada sin efecto la tarde de este viernes.

La suspensión de la medida se dio horas después de que la Cámara Nacional de Transportes reaccionara y pidiera explicación al CTP de la responsabilidad que estaría recayendo sobre los choferes a la hora de tener que realizar esa labor que actualmente y por ley realiza policía de Tránsito y Fuerza Pública.

Según las autoridades, las medidas que se han venido tomando en la zona fronteriza con Nicaragua y las que podrían tomarse a futuro es precisamente porque el país vecino es uno de los principales focos para la propagación del COVID-19.