Corte amplía suspensión de Rándall Zúñiga como director del OIJ
El jefe de la Policía Judicial continuará separado de su puesto con goce de salario mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra.
Rándall Zúñiga continuará suspendido como director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Corte Plena acordó, la tarde de este lunes y por unanimidad, ampliar por tres meses la medida provisional dictada contra el jefe de la Policía Judicial desde el 29 de octubre anterior.
Esta decisión se adoptó luego de que los magistrados conocieran un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), con el propósito de permitir que la pesquisa administrativa avance hasta contar con todos los elementos necesarios para una determinación final.
Ahora, el cargo que deja Zúñiga será ocupado de manera interina por Michael Soto, el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), que fungía temporalmente como subdirector.
El abogado del director suspendido, Federico Campos, se mostró respetuoso por la determinación de la cúpula del Poder Judicial.
"La investigación, tanto penal como administrativa, aún no ha concluido. Hay diligencias por llevar a cabo y, en ese sentido, eso es lo que justifica que esa suspensión temporal se haya dilatado por un plazo adicional. Esa prórroga la consideramos lógica y razonable", explicó el defensor.
El jefe policial es objeto de una causa a cargo del órgano disciplinario del Poder Judicial, que se tramita bajo el expediente 25-3733-031-DI.
De forma paralela, la Fiscalía Adjunta de Género lo mantiene como imputado en las sumarias 25-000359-1883-PE (junto a la Unidad de Género de la Fiscalía de Corredores), 25-001138-1893-PE (junto a la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago), 25-000926-0994-PE y una más de la que no se tiene el número de referencia.
En todas se persiguen los supuestos de violación de mujeres mayores de edad, así como contagio de enfermedad venérea.
Por estos hechos, que Zúñiga ha rechazado reiteradamente, el Ministerio Público le decomisó el celular el 24 de octubre pasado —tres días antes de que el propio director hiciera públicas las denuncias en su contra— y allanó su casa en barrio Cristal de La Uruca, San José, el 31 de ese mes.
