Cooperativas apuntan contra oficina de CCSS por metodología usada al determinar sobreprecios

Tres de las cooperativas investigadas por el caso de presunta corrupción que policialmente se conoce como “Barrenador” criticaron la metodología utilizada por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que identificó aparentes sobreprecios en la contratación de servicios médicos para 10 áreas de salud y 138 equipos básicos de atención integral en salud (ebáis).

Durante una comparecencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas anomalías en la institución administradora de los establecimientos médicos públicos, el gerente general de Coopesalud, Alberto Ferrero, así como el de Coopesiba, Óscar Abellán, y el de Coopesana, Luis Beirute, rechazaron haber incluido precios excesivos en las ofertas que presentaron en el concurso 2023LY-000002-0001101142.

Más bien, los representantes de las cooperativas sostuvieron que en todo momento procuraron un ahorro para la entidad que vela por la seguridad social, derivado de la eficiencia en los servicios.

Pero Ferrero fue más amplio y enumeró una serie de situaciones que considera deben ser indagadas por el foro de diputados.

Específicamente, el gerente de Coopesalud hizo ver que, pese a múltiples advertencias y recordatorios, la Caja dejó que vencieran contratos que se habían suscrito en 2011, lo que derivó en una serie de posteriores contrataciones directas y de urgencia, así como en la controvertida licitación.

A ello agregó una “obcecada posición” del Área de Contabilidad de Costos, que —mantuvo— ha llevado a la institución a una serie de “derrotas judiciales” que le han provocado una afectación patrimonial. Tal situación, según Ferrero, fue denunciada ante la Auditoría Interna.

El representante de Coopesalud apuntó que el 8 de abril de 2024, la mencionada oficina técnica publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) un estudio de razonabilidad de precios. El documento determinó que las 10 ofertas que había recibido la entidad de parte de 4 cooperativas y 1 asociación para la tercerización de los centros médicos contenían precios excesivos; a pesar de que, previamente, todas habían obtenido la razonabilidad técnica y administrativa.

Fue entonces cuando los oferentes estudiaron el mencionado análisis y detectaron lo que Ferrero denominó “irregularidades”. Estas incluyen, por ejemplo, el uso de una metodología “radicalmente distinta” a la que se había usado en otras licitaciones, pero que además no estaba prevista en el pliego de condiciones del cartel ni en la normativa interna de ese momento.

Según este gerente, la metodología exigía, además de acreditar que los precios globales cotizados fueran inferiores al costo global institucional (o sea, que el costo total a pagar a los oferentes fuera menor al que le costaría a la Caja si esta diera el servicio directamente); un requerimiento “antojadizo y arbitrario” de que todos los rubros que contenían el precio total fueran inferiores a los institucionales. Esto incluía los 62 perfiles de recurso humano, de acuerdo con el compareciente.

Ferrero agregó que, en su estudio, el personal del Área de Contabilidad de Costos comparó los rubros y, cuando encontraba que los precios ofertados eran menores a los institucionales, les otorgaba un valor de cero, pero cuando eran mayores, cuantificaba la diferencia como sobreprecios. Para este representante de las cooperativas, eso explica por qué en todas las ofertas se hallaron precios excesivos.

"En términos coloquiales, y recurriendo a un símil que no resulta agradable en estos días, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja fungió como árbitro en un partido contra ellos mismos, en el que además impuso sus propias reglas. Y esas reglas consistieron en que solo contaban sus escasos goles a favor y no contaba ninguno de los numerosísimos goles a favor de los cotizantes. Así las cosas, estos funcionarios dejaron montado el escenario para acreditar supuestos sobreprecios e inducir a la Junta Directiva a declarar la infructuosidad de un proceso licitatorio que ya se prolongaba por tres años", aseveró el gerente.

Tal situación, señalada de arbitraria e ilegal, dio origen a la hipótesis de los presuntos sobreprecios. Precisamente, esta adjudicación es objeto de una investigación en el expediente 24-000267-1218-PE por presunto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Las aparentes anomalías en la metodología empleada por el Área de Contabilidad de Costos fueron denunciadas durante el concurso por tres de las oferentes, el 17 y 22 de abril, así como el 1.° de mayo de 2024.

Posteriormente, el 26 de setiembre de 2024, las cooperativas presentaron una denuncia y querella (es decir, una acusación privada) contra los cuatro autores del estudio de razonabilidad de precios por presunta influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica (inserción de hechos falsos en documentos públicos) y prevaricato (resoluciones contrarias a la ley). A este asunto se le asignó la sumaria 24-000371-0218-PE.

Ferrero mencionó también que, tras una orden de la Contraloría General de la República (CGR), el personal aludido debió emitir una nota técnica que, desde su punto de vista, contenía falsedades. Ante esta situación, Coopesalud planteó una denuncia ante la contralora Marta Acosta, pero la misma fue archivada el 23 de julio anterior, luego de que se determinara que ese documento forma parte de los hechos investigados por el Ministerio Público.

Sobre el particular, este medio solicitó una posición al Área de Contabilidad de Costos que, hasta el cierre de esta publicación, se mantiene en trámite de la oficina de prensa de la Caja.